Por: Lucio Torres
Cachenche, será un jugoso negocio que entregaría la alcaldesa de Turbana, Ana Lucía Julio, a terceros para una central de cargas. La gobernante, al parecer, proyectó en abril de este año un contrato para estructurar una Alianza Público Privada con el consorcio Luis Suárez—Javier Corrales con la representación legal de Luís Suárez. Pero previamente hizo que el concejo declarar de utilidad pública las tierras de Cachenche.
De manera que al principio en el negocio se presentó como contratista Pedro Pérez Marrugo, quien sería el encargado de estructurar la APP y recibiría el 10% de valor total de la inversión del proyecto.
Previamente, el concejo municipal de Turbana aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual se le autorizaba a la alcaldesa Ana Lucía Julio declarar de utilidad pública e interés social el predio con matrícula No 060—76813 con referencia catastral No 0001000010063000. Esto corresponde a la finca Cachenche.
El jugoso negocio que está cocinado
VoxPopuli.Digital conoce un documento de 25 cláusulas donde se encuentra estipulado valor determinable del contrato, condiciones de la APP, obligaciones del contratista y del contratante. Se acordó que el contratista recibiría el 50% luego de que se estructure la APP. El saldo se pagará a través de actas parciales según el avance del contrato
Lo curioso es que este contrato se ha mantenido en secreto. Algunas versiones indican que el proyecto de la APP fue modificado. El contratista que se tenía previsto en abril fue cambiado por causas que hasta ahora no han señalado.
Lo paradójico es que en el casco urbano de Turbana, al norte de Bolívar, no se encuentra siquiera un pepino cosechado en el municipio. Nada. No lo encontramos. Visitamos varios tenderos y vendedores de frutas y verduras y constatamos que se proveen del mercado de Bazurto de Cartagena.
A control político el jugoso negocio
El senador del Polo, Iván Cepeda, y otros congresistas, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Agencia nacional de Tierra—ANT y de la Contraloría General sobre el caso de la finca de Cachenche. Anunció que, con base en la información que reciba de los organismos de control, realizaría un debate de control político.
En el escrito dirigido a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nacional, el senador Cepeda, por ejemplo, señala que, con base en el escrito enviado por la Veeduría Vejuca y a la pertinencia de su competencia, intervenga para que la SAE y la ANT salvaguarden los derechos fundamentales de los campesinos de Cachenche.
De manera que el senador Cepeda considera que se le debe garantizar a la Asociación de Campesinos Montes de Dios el acceso progresivo a la propiedad rural. Esto sería clave para la zona rural de Turbana donde la producción agrícola se ha reducido casi al 100 por ciento. El copamiento de tierra rural para los proyectos industriales, ha reducido críticamente los predios rurales que tienen vocación para la agricultura. Incluso, que utilizaron los ancestros con esos fines.
Los campesinos de Turbana en extinción
Los campesinos de Turbana están en vía de extinción. Quedaron sin tierras. El territorio está atrapado en una economía de enclave industrial. La población está asfixiada. Los que fueron campesinos se van a buscar trabajo en Mamonal. Regresan con la esperanza diluida, porque no encuentran vacantes. Entonces, deben sobrevivir diariamente con el espejismo del progreso industrial sin darse cuenta que hoy son más pobres que ayer.
Por esa razón, destinar las tierras para solo de uso industrial sin tener una política de empleo en detrimento de la seguridad alimentaria es un crimen social y ambiental. Crimen que se traduce en encarecimiento de los productos agrícolas y una barrera para tener una alimentación adecuada de los turbaneros.
En ese sentido, que Cachenche tenga un uso industrial en perjuicio de la producción agroindustrail es un desprecio a la seguridad alimentaria y una extensión de la contaminación del territorio.
Juez negó incidente de desacato
De acuerdo a informaciones entregadas por los campesinos de Cachenche, el Juez 1 Municipal Promiscuo de Turbana, negó el incidente de desacato presentada por los campesinos. Se trata de fallo de tutela condicionado donde el juez había ordenado la caracterización de la población campesina para ser censada por la ANT.
Segú los labriegos, el fallo del juez ya estaba cantado. Extrañamente alguna fuente ya les había dicho que el juez iba a fallar contra ellos, porque existe el compromiso de restituir ese predio. La SAE dijo que hizo una caracterización en enero de este año. Pero, según los campesinos, no se dio ninguna caracterización. Señalaron que la abogada Nataly Gaitán de la SAE engañó a los campesinos manifestándole que la lista era para una ayuda que iba a entregar el municipio de Turbana. Se consideró un engaño.
