En una rueda de prensa realizada este lunes en la capital del Atlántico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañado de líderes sociales, sindicales y comunitarios, presentó oficialmente el plan del Gobierno Nacional para avanzar en la defensa de la reforma laboral a través de cabildos populares en todo el país.
La cita se dio en medio del ambiente de tensión tras el hundimiento de la consulta popular laboral en el Congreso. Benedetti no ahorró palabras: arremetió contra los congresistas que votaron en contra, a quienes calificó de “malandrines de capa caída” por negarle al pueblo la posibilidad de pronunciarse sobre temas clave de justicia social y laboral.
Barranquilla como punto de partida
La ciudad fue elegida como primer escenario de esta nueva estrategia del gobierno para mantener viva la agenda de reformas. Aunque el cabildo estaba previsto inicialmente para este lunes, fue aplazado para el martes 20 de mayo a las 3:00 p.m. en el Paseo Bolívar, con el objetivo de garantizar la presencia del presidente Gustavo Petro.
“El pueblo no se rinde. Si no nos escuchan en el Congreso, nos escucharán en las calles”, afirmó Benedetti, destacando que los cabildos no serán actos partidistas, sino ejercicios de participación real y directa con los ciudadanos.
Reforma laboral y democracia participativa
El mensaje central del ministro giró en torno a la necesidad de abrir espacios de deliberación democrática tras el cierre institucional que significó el rechazo legislativo a la consulta. La reforma laboral —que busca proteger los derechos de los trabajadores, mejorar la estabilidad y formalizar el empleo— ha sido uno de los pilares del programa de gobierno del presidente Petro.
Benedetti aseguró que el país no puede seguir gobernado “desde la trastienda de los intereses corporativos” y que ahora serán las organizaciones sociales las que tomen la palabra para construir una nueva hoja de ruta popular.
Un nuevo pulso entre gobierno y Congreso
Este cabildo marca el inicio de una etapa de movilización social que pretende contrarrestar la parálisis legislativa con acción ciudadana. Es un pulso político de fondo entre el Ejecutivo y un Congreso que ha frenado varias iniciativas del gobierno. La estrategia, sin embargo, no está exenta de controversia, pues algunos sectores acusan al gobierno de desafiar las reglas del juego democrático.
Con la agenda de reformas en riesgo, el gobierno de Petro ha optado por un camino que combina movilización social, presión desde las bases y construcción de legitimidad popular. Lo que ocurra en Barranquilla podría definir el tono de lo que viene: un país donde la calle vuelve a ser protagonista de las grandes decisiones políticas.
