La Red Invisible del Poder y la Corrupción Judicial en el Atlántico
Más de un millar de funcionarios adscritos a la Fiscalía y a la Rama Judicial están bajo la lupa por presuntos vínculos con estructuras criminales, filtración de información reservada y favorecimiento de intereses particulares. Mientras los expedientes se acumulan, los capos duermen tranquilos y la confianza ciudadana en la justicia se desangra.
Durante años, los muros de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla han sido testigos de cómo la justicia puede torcerse cuando los procesos tocan intereses demasiado altos. Entre traslados, archivos exprés y operativos a medias, se alza una estructura de poder donde la verdad se frena y la impunidad se consolida.
Tres casos que revelan una red interna
Tres episodios recientes, conectados por un mismo hilo, exponen lo que varios funcionarios describen como una red que manipula expedientes, filtra información y protege a figuras influyentes dentro del sistema judicial del Caribe colombiano.
El caso Betzaida Guerra: una captura que no tocó el poder real
El reciente operativo judicial en Barranquilla, que dejó como resultado la captura del hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez y de dos funcionarios del ente acusador, fue presentado como un golpe a la corrupción. Sin embargo, lo que no se hizo genera más dudas que certezas.
Fuentes confidenciales y denuncias previas señalan que la fiscal Guerra habría tenido conocimiento o participación en una red que presuntamente exigía dinero o favores a alcaldes y exalcaldes de la región a cambio de frenar investigaciones o evitar su apertura.
Las versiones apuntan a que esta estructura operó en municipios del Atlántico y del Magdalena, entre ellos Sitionuevo, donde varios mandatarios locales habrían sido presionados para pagar por un “manejo judicial favorable”. Las denuncias sobre estas prácticas fueron difundidas inicialmente en redes sociales por la suscrita, alertando sobre un grupo de funcionarios que instrumentalizaban los procesos penales para obtener beneficios económicos.
A pesar de las capturas de personas cercanas, la fiscal Guerra no fue objeto de medidas judiciales, aunque habría sido mencionada en las primeras declaraciones del caso. Esto reavivó la sospecha de selectividad en las investigaciones: se captura a los ejecutores, pero se protege a quienes mueven los hilos.
No es la primera vez que su nombre aparece en actuaciones polémicas. En 2019, participó en diligencias del caso Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro),
Así mismo se conoció que la fiscal Betzaida Guerra habría intervenido para favorecer a los actuales directivos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, al ordenar el archivo de la investigación penal que los vinculaba por presuntas irregularidades administrativas y financieras. Entre los beneficiados se encuentran Alberto Acosta Pérez, Juan José Acosta Osio y María Cecilia Acosta Moreno. Sin embargo, una acción de tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia terminó dejando sin efectos la decisión de archivo, lo que evidenció posibles actuaciones irregulares dentro del proceso y obligó a reanudar la investigación contra los directivos.
Con el transcurrir del tiempo la Fiscalía Seccional Atlántico reconoció oficialmente la pérdida de pruebas físicas y digitales dentro del proceso por el presunto desfalco multimillonario cometido supuestamente por el exrector Carlos Jaller y su esposa Ivonne Acosta.
Entre las evidencias extraviadas había documentos financieros y soportes bancarios que comprometían a varios implicados incluyendo a los denunciantes. Fuentes internas afirmaron que la pérdida favoreció a los verdaderos responsables y que las irregularidades habrían ocurrido dentro del despacho de la fiscal Guerra con presuntos vínculos políticos.
Esto ha despertado fuertes cuestionamientos sobre la manipulación de expedientes judiciales y la falta de control interno dentro de la Fiscalía en Barranquilla.
Infiltración y filtración: la justicia al servicio de los capos
Otra práctica que preocupa a investigadores del CTI es la filtración de información reservada a organizaciones criminales. Se han detectado fugas de datos sobre operativos, testigos y estrategias judiciales, principalmente en procesos ligados al narcotráfico la extorsión y homicidios. No olvidemos el asesinato del fiscal Norbey Ruiz Correa, ocurrido en el barrio Barrio Galán de Barranquilla. Inicialmente se manejó la hipótesis de un hurto («fleteo»), pero los testigos y análisis preliminares señalan que no le fue sustraído otro elemento de valor, lo que abre la sospecha de que pudo haber sido un atentado direccionado. El hecho ocurrió el 19 de febrero de este mismo año.
Por otro lado, otro de los nombres que figura en los reportes es el de Iris Martha de la Cruz Sánchez, técnica investigadora del CTI adscrita al grupo GICO. En diligencias contra Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, la Fiscalía 148 Especializada DECOC halló capturas de pantalla y registros de videollamadas entre el capo y la funcionaria, evidencia que fue incluida en la ruptura procesal.
Las revelaciones plantean una pregunta inquietante: ¿Hasta qué punto las estructuras criminales tienen ojos dentro de los despachos judiciales?
Mientras tanto, la fiscal general Luz Adriana Camargo no se ha pronunciado sobre estas denuncias internas ni sobre las alertas de funcionarios honestos que advierten la existencia de una red de manipulación de expedientes e inteligencia judicial.
DeSilvestri: de crimen de lesa humanidad a archivo silencioso
Uno de los episodios más graves es el asesinato de Gustavo DeSilvestri, directivo de Coolechera, ocurrido el 10 de octubre de 2002 en Barranquilla.
El fiscal Jairo Vásquez declaró el crimen como de lesa humanidad, al determinar que hacía parte del accionar sistemático de las AUC contra líderes empresariales y sociales. Sin embargo, tras reabrir el proceso y recopilar nuevas pruebas y testimonios, Vásquez fue removido del caso.
El nuevo fiscal, Rodrigo Restrepo, ordenó su archivo pese a las declaraciones del exjefe paramilitar Juan Francisco Segura, alias “Mario Alacrán”, quien había señalado a Darío Laino Escopeta, Ojitos Azules, y Manuel Orozco Ovalle (El Pollo o El Colorao), entre otros nombres vinculados a Coolechera.
El caso de José Manuel Orozco Ovalle ilustra las grietas más profundas de la justicia regional. Entre 2016 y 2022, distintas fiscalías especializadas de Santa Marta, Valledupar y Barranquilla profirieron al menos seis resoluciones de preclusión a su favor por delitos como homicidio agravado, desaparición forzada, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Los expedientes justifican las absoluciones en supuestos falsos testimonios de desmovilizados, pero analistas sostienen que el patrón de decisiones repetidas y la coincidencia de despachos que fallaron a su favor revelan posibles presiones internas e influencias dentro del aparato judicial. Hoy, los radicados permanecen en un limbo procesal que parece conveniente para muchos.
La Fiscalía que no ve
En los tres casos, el patrón es idéntico: fiscales removidos cuando tocan intereses poderosos, expedientes archivados sin fundamento y un silencio institucional que encubre más de lo que explica. El hecho de que solo unos pocos fiscales sigan trabajando con honestidad subraya que la corrupción no es solo la acción de unos pocos, sino un ambiente laboral tóxico y desmotivador:
«El flagelo desgasta a los servidores públicos que intentan hacer su trabajo, pues se ven rodeados por compañeros que lucran con la impunidad, lo que facilita que los pocos casos bien llevados terminen siendo tumbados o saboteados por la misma red interna.»
En resumen: La falta de respuestas claras, la inacción ante patrones evidentes y la corrupción interna han consolidado la percepción de que la impunidad en el Caribe colombiano no es un accidente, sino el resultado de un silencio institucional estratégico que beneficia a las redes de poder.
Analistas anticorrupción explicaron que dentro de la seccional de la Fiscalía en Barranquilla existen funcionarios que habrían llegado a sus cargos por recomendaciones políticas, actuando luego bajo directrices de quienes facilitaron su nombramiento.
Entre los nombres que se mencionan con insistencia figura el del fiscal Cristian Arrieta, en cuyo despacho reposan expedientes con abundante material probatorio que podrían derivar en capturas de personajes poderosos. Sin embargo, los procesos permanecen estancados, mientras las víctimas siguen esperando justicia.
La crítica más dura se centra en la decisión del fiscal Arrieta de imputar a los capturados Robinson Luque (‘El Chimu’) e Israel Chirinos (‘Chiche’), únicamente por porte de armas. Con esta calificación mínima, se descartó la coparticipación criminal y el intento de homicidio con armas de guerra, contra el gerente de Riverport, Michael Mulford, un agravante que habría duplicado las penas.
Y así suma una serie de actuaciones sospechosa, que a la hora de evaluarlas se presta para malas interpretaciones, muchos comentan su rol dentro del ente acusador; «a la hora de dar resultados contundentes o es corrupto o es negligente», pero debilitar la justicia y crea la sensación de desconfianza entre las victimas.
La polémica en torno al fiscal Cristian Arrieta Morales no es el único caso, sino una pieza de un panorama más amplio de corrupción estructural en el Atlántico, donde la línea entre funcionarios y criminales parece difuminarse.
Vínculo Criminal Directo: Se ha revelado funcionarios capturados con supuesto enlace interno para la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas del Clan del Golfo en Atlántico y Bolívar.
Fraude Millonario con Títulos Judiciales: A mediados del presente año, otra investigación llevó a la captura de un juez, un funcionario de la Procuraduría, abogados y particulares por un fraude superior a los $2.000 millones de pesos mediante la manipulación de procesos judiciales.
Estos casos, que implican fiscales, investigadores del CTI, jueces y abogados, confirman que la problemática de la impunidad en el Caribe no es solo la «mala decisión» de un fiscal, sino la existencia de una estructura organizada que opera dentro del sistema de justicia al servicio de poderosas bandas criminales y redes de narcotráfico, mezclando la política con ilegalidad..
El costo del silencio
En los últimos cinco años, el Atlántico se ha convertido en uno de los epicentros de la corrupción judicial en Colombia. Investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Judicial evidencian cómo fiscales, excoordinadores del CTI, jueces, inspectores, notarios y exalcaldes han sido vinculados por favorecer a bandas criminales, filtrar información o manipular procesos.
Entre 2020 y 2025, se han imputado cargos a más de 94 funcionarios y exfuncionarios del Atlántico, además de 39 exalcaldes, concejales, contratistas y uniformados por delitos asociados a corrupción judicial o abuso de autoridad.
Estas prácticas no solo erosionan la confianza ciudadana, sino que sabotean el trabajo de los investigadores que arriesgan su vida para capturar criminales y ven cómo sus esfuerzos se desmoronan desde adentro.
Cuando la justicia toca el poder, el poder apaga la justicia
Fuentes extraoficiales señalan que más de mil funcionarios estarían siendo investigados por diferentes irregularidades, sin decisiones judiciales de fondo. Muchos procesos permanecen archivados o inactivos, reforzando la percepción de impunidad dentro de la propia administración de justicia.
Mientras los capos descansan tranquilos, los funcionarios honestos trabajan con miedo y los expedientes se pierden entre traslados.
Colombia sigue repitiendo la misma historia: una justicia que se vende al mejor postor y un poder que siempre sabe cómo apagarla, pero y donde esta la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo? tal vez mirando para otro lado.
Próximamente, conoceremos de primera mano cómo funciona esta “Sinaloa colombiana”. Sus protagonistas nos contarán secretos, reglas y violencia, mientras los pocos funcionarios honestos luchan por sobrevivir en un territorio donde mantener el orden es cada día más difícil.
