Barranquilla vuelve a ser epicentro de una tormenta judicial.
En una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía, fueron capturados tres funcionarios dos de ellos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) señalados de integrar una red que utilizaba información confidencial de procesos penales para extorsionar a funcionarios y empresarios en la región Caribe.
Entre los detenidos se encuentran Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI Barranquilla; Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la reconocida y cuestionada fiscal Betzaida Guerra Martínez; y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del CTI.
Los tres serán judicializados por los delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para delinquir.
Las capturas se produjeron tras varios meses de seguimiento, en los que se detectó un patrón de acceso irregular a expedientes judiciales, falsificación de órdenes de registro y uso de información reservada para presionar a funcionarios locales.
Uno de los hechos más graves ocurrió en julio de 2024, cuando los hoy detenidos practicaron supuestas diligencias judiciales en la Alcaldía de Sitionuevo (Magdalena), con documentos que luego se comprobó eran falsos. Según los investigadores, esos datos fueron usados posteriormente para exigir dinero a cambio de detener procesos administrativos.
Una estructura que va más allá de los capturados
Aunque las tres detenciones son presentadas como el primer golpe de un “macrocaso” de corrupción judicial, fuentes del proceso indican que las pesquisas apuntan a una estructura mucho más amplia, con ramificaciones en diferentes despachos de la Fiscalía seccional Atlántico.
De hecho, este medio ha venido advirtiendo desde hace meses sobre la infiltración de redes criminales en la Fiscalía de Barranquilla, donde varios funcionarios de distintos niveles jerárquicos habrían favorecido intereses particulares a cambio de dinero o protección.
A principios de octubre de 2025, otro funcionario del CTI fue capturado en Barranquilla por presuntamente actuar como enlace del Clan del Golfo, filtrando información sobre operativos y órdenes judiciales. En esa ocasión, la Policía Metropolitana detuvo a doce personas, entre ellas al funcionario, quien integraba el grupo de protección a testigos. Según los investigadores, esa infiltración permitía a la estructura criminal anticipar allanamientos y evadir capturas.
Una fuente de inteligencia citada por la revista Semana fue tajante:
“Es grave que quienes deben perseguir a los criminales estén al servicio de ellos. La corrupción interna nos está haciendo perder procesos y vidas”.
El alcance de la investigación
La Fiscalía confirmó que se está realizando una auditoría al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) para rastrear accesos irregulares a expedientes de casos sensibles, especialmente los relacionados con el crimen organizado en la Costa Caribe.
De manera particular, los investigadores revisan el historial de accesos de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, madre de uno de los detenidos, reconocida por haber llevado procesos de alto perfil en el Atlántico. Aunque no hay señalamientos directos en su contra, se busca determinar si hubo movimientos anómalos o filtración de información desde su despacho.
Este nuevo golpe deja al descubierto una herida profunda dentro del sistema judicial: la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones que deben garantizar justicia y transparencia.
La captura de estos funcionarios no solo pone en evidencia una red de corrupción dentro de la Fiscalía, sino también una lucha interna por recuperar el control y la credibilidad de la justicia en la región. La Fiscalía y la Dijín anunciaron que no se descartan nuevas capturas y que la investigación continuará para identificar a todos los implicados, incluidos posibles enlaces externos y funcionarios de alto rango.
Mientras tanto, desde esta plataforma periodística reafirmamos lo que veníamos señalando: la necesidad de que las investigaciones no se detengan y que el sistema judicial sea sometido a una limpieza profunda. La ciudadanía necesita saber que la justicia en Barranquilla no está al servicio de intereses particulares ni de estructuras criminales.
Porque lo que está en juego no es solo el nombre de una institución, sino la credibilidad misma del Estado ante los ojos del país.
