«El ataque al esposo de la alcaldesa de La Jagua del Pilar reaviva las tensiones en un municipio marcado por fallos judiciales, amenazas a testigos y contiendas sin tregua«
El reciente atentado ocurrido el pasado jueves, contra Andrés Durán, esposo de la actual alcaldesa de La Jagua del Pilar (La Guajira), Ivón Manjarrez, ha puesto nuevamente en el centro del debate el enrarecido clima político del municipio. Aunque las primeras versiones indican que se trató de un intento de atraco, las circunstancias del hecho, sumadas a los antecedentes políticos y judiciales que lo rodean, abren serias dudas sobre si se trata de un simple acto delincuencial o de un mensaje encubierto.
Durán fue interceptado por dos hombres armados en las afueras de una llantería, cerca de la terminal de transportes de Valledupar. Según testigos, los atacantes le dispararon tras un breve forcejeo y huyeron sin llevarse ninguna pertenencia. Durán fue trasladado a un centro médico, donde se recupera bajo observación. A la fecha, no hay pronunciamiento oficial que defina con claridad los móviles del hecho.
Lo que mantiene la atención pública encendida es el contexto en que ocurre el ataque. Andrés Durán es una figura cercana a la actual administración de La Jagua del Pilar, liderada por su esposa, y ha sido señalado en el pasado por sectores opositores. Durante las elecciones de octubre de 2023, fue denunciado por el entonces candidato José Amiro Morón, quien lo acusó de participar en presuntos actos vandálicos frente a la Registraduría en plena jornada electoral. Durán fue capturado, pero recobró la libertad ante la falta de material probatorio suficiente para sostener los cargos en su contra.
Pero lo que si fue clara, fue la denuncia que presentaron en contra de Morón Núñez en medio de unas contiendas electorales sumamente polarizada, que culminó con la anulación de la elección de Morón por parte del Consejo de Estado, al encontrar que incurrió en doble militancia: aunque estaba inscrito por el Partido de la U, apoyó a candidatos de otras colectividades, violando la legislación electoral vigente. La decisión dió como resultados unas elecciones atipicas el pasado 18 de Mayo lo que termino con la posesión de Ivón Manjarrez como alcaldesa del municipio.
Pero el historial judicial de Morón no termina ahí. Aparte del fallo por doble militancia fue condenado por el delito de trashumancia electoral, al comprobarse que promovió el traslado irregular de votantes durante su administración anterior.
¿Denuncias de amenazas e intimidaciones y más investigaciones?
Durante el proceso judicial, testigos y denunciantes han reportado ser víctimas de amenazas e intimidaciones. Estas acciones han sido interpretadas por algunos como intentos de obstruir la justicia y silenciar a quienes buscaban esclarecer los hechos relacionados a la situación jurídica y pese a lograr la prescripción de otros delitos graves al final fue condenado. Sobre el ataque a Duran aún las autoridades no han emitido comunicados oficiales al respecto, la situación ha generado alarma entre la población de La Jagua del Pilar.
Morón también es investigado por presunto enrrequisimiento ilícito, investigación que al parecer está pronto a dar sus frutos, sea a favor o en contra del condenado. Lo cierto es que sus actuaciones irregulares lo tienen bajo la lupa de la justicia, tanto de la fiscalía como de la procuraduría.
Todo esto conforma un clima tenso y preocupante en La Jagua del Pilar, donde la política parece haber desbordado el terreno democrático y se libra también en los pasillos judiciales, los despachos penales e incluso en las calles. El ataque contra Durán —sin esclarecer— se suma a una cadena de episodios que ponen en entredicho las garantías institucionales, la seguridad de los actores políticos y la transparencia de procesos electoral futuras por parte de los verdaderos cabecillas de la Trashumancia.
La ciudadanía, los entes de control y la institucionalidad nacional están llamados a observar de cerca lo que ocurre en este pequeño municipio del sur de La Guajira. Porque, aunque no haya un pronunciamiento oficial que señale motivaciones políticas, los hechos se acumulan con una lógica que no parece casual
El silencio institucional frente a estas advertencias ha generado alarma entre líderes sociales, sectores ciudadanos y defensores de derechos. La percepción generalizada es que ciertos actores, a pesar de estar condenados o inhabilitados, mantienen poder e influencia, mientras las instituciones actúan con pasividad o lentitud.
Mientras no se esclarezca el ataque contra Durán, una pregunta se mantiene abierta: ¿fue un intento de robo, o una advertencia cuidadosamente disfrazada?
