En un nuevo episodio que evidencia la creciente amenaza del cibercrimen en el país, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial confirmó haber sido blanco de un ciberataque en la madrugada del 15 de junio. El hecho, que ya fue notificado a las autoridades competentes, ha comprometido seriamente la operación tecnológica de este componente clave del sistema judicial colombiano.
Según el comunicado oficial, las primeras indagaciones técnicas revelan que los atacantes lograron secuestrar información crítica, incluyendo configuraciones de servicios de red y comunicaciones a nivel nacional. También se vieron comprometidos datos administrativos y jurisdiccionales, todos de carácter público, que se encontraban alojados en servidores locales y en la nube.
Ante la gravedad del incidente, la entidad ha activado planes de contingencia y recuperación en coordinación con las empresas proveedoras de las tecnologías afectadas. El objetivo es restablecer los servicios tecnológicos y normalizar la administración de justicia en la jurisdicción castrense.
Mientras se supera la emergencia, se ha dispuesto que la atención judicial se realice de manera presencial en todas las sedes del país, apoyada por mecanismos tecnológicos complementarios para asegurar la continuidad del servicio.
Como medida adicional, se anunció la suspensión de los términos judiciales para los procesos tramitados bajo el régimen de la Ley 1407 de 2010, hasta que se logre restablecer plenamente la infraestructura digital. Sin embargo, las peticiones, reclamos, quejas, solicitudes y denuncias podrán seguirse radicando de forma presencial en los centros de servicios judiciales, fiscalías y sedes correspondientes.
La Unidad ofreció disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes y reiteró su compromiso de restaurar los servicios en el menor tiempo posible, asegurando una respuesta eficiente y transparente.
