Después de varios días de movilización, consignas y diálogo en las calles, las comunidades que integran la movilización nacional “Aquí en la Lucha, Transformamos” alcanzaron un acuerdo histórico con el Gobierno Nacional. El documento, firmado en Bogotá, busca abrir un camino de concertación real con los sectores populares y campesinos que durante años han exigido transformaciones profundas y garantías para ejercer la protesta social.
El acta de acuerdo parte de una premisa que ha sido el eco de muchas marchas en Colombia: la protesta no es un delito, es un derecho.
En su primera parte, el Gobierno reconoce las causas estructurales que mantienen viva la inconformidad social —la desigualdad, la pobreza, la falta de tierra, las violencias que persisten—, y asume el compromiso de garantizar la movilización como una forma legítima de expresión y participación ciudadana.
El documento ordena a la Policía Nacional proteger los derechos de los manifestantes, llama a evitar la criminalización y promete acompañar a las comunidades en su retorno seguro a los territorios. Además, invita a organismos como la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas a participar como garantes del cumplimiento.
Cinco ejes para transformar
Bajo el lema “Transformamos”, el acuerdo propone que los movimientos sociales construyan junto al Estado una propuesta de país para la vida digna.
Los ejes definidos son amplios y ambiciosos:
- Soberanía nacional, con independencia en las decisiones económicas y territoriales.
- Doctrina de seguridad nacional, replanteada desde el respeto a los derechos humanos.
- Emergencia humanitaria y desmonte del paramilitarismo.
- Reformas estructurales para la paz, como la agraria, la urbana, la ambiental y la educativa.
- Cumplimiento de acuerdos previos firmados con comunidades y organizaciones sociales.
Estos puntos buscan alimentar un proceso popular constituyente, donde los sectores sociales puedan debatir y proyectar el país desde sus realidades locales.
Mesas de trabajo: la agenda del diálogo
El acuerdo no se queda en el papel. Establece una ruta de trabajo con mesas temáticas y territoriales entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre.
Cada mesa abordará asuntos específicos: desde vivienda y reforma urbana, hasta la situación de pueblos étnicos como los Wounnan y Embera, y las comunidades negras y campesinas del Chocó y el Valle.
También se convocarán espacios regionales en el Caribe, Santander y el suroccidente del país, además de la Mesa Nacional “Aquí en la Lucha”, prevista para los días 4 y 5 de noviembre.
Paralelamente, se reactivarán escenarios ya existentes —como las mesas del Catatumbo, Arauca, Cauca y Nariño— para evaluar los compromisos asumidos en años anteriores.
El regreso a los territorios
El acuerdo contempla el retiro gradual de los puntos de concentración y el regreso de las comunidades a sus regiones. Según el cronograma, ese proceso iniciará el 18 de octubre y será acompañado por la Defensoría del Pueblo y delegados del Gobierno, bajo las garantías firmadas.
El Estado, por su parte, deberá restituir las instalaciones y entidades ocupadas durante las movilizaciones, entre ellas la SAE, ANT, UARIV y el Ministerio de Vivienda.
La firma del documento estuvo a cargo de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, en representación del Gobierno Nacional.
Una esperanza vigilada por las comunidades
El acuerdo “Aquí en la Lucha, Transformamos” no es solo un papel con promesas. Para las comunidades, representa una conquista de reconocimiento, una señal de que el diálogo sigue siendo posible en un país marcado por la desconfianza y la represión.
Sin embargo, también es un reto. La verdadera medida del compromiso estará en la implementación de los acuerdos, en que las mesas funcionen, en que los pueblos sean escuchados y en que los líderes sociales puedan volver a sus casas sin miedo.
Porque, como reza el espíritu de este documento, la lucha no termina con la firma: apenas se transforma.
