El Espectador
A pesar de las proposiciones de eliminarlo, la mayoría de los representantes defendieron el proyecto que establece penas de hasta 10 años de prisión a los que incurran en injuria y calumnia contra funcionarios.
Con 67 votos en contra y 51 votos a favor, la Cámara defendió un artículo que puede resultar en la restricción de la labor periodística y en el control a las acciones de los funcionarios públicos. El polémico punto está en el proyecto que busca “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”.
El controvertido artículo, que fue apoyado por la mayoría de los representantes, establece una adición al código penal para que se establezca la injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos. Según el texto, defendido por el oficialismo, se crean penas de 60 a 120 meses de presión a los que “mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de un funcionario público”.
En el mismo artículo se establece que si el responsable de esta conducta es el representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, “el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competentes que, previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria”.
Aunque la propuesta se concibe como una defensa de la honra de los funcionarios públicos, el cuestionado texto puede resultar bastante problemático, porque puede abrir la puerta al acoso judicial en contra de periodistas y cualquier otra persona que denuncie posibles irregularidades cometidas por un funcionario público.
Tal ha sido la controversia, que distintas organizaciones han visto el texto como un claro atentado a la libertad de expresión y la libertad de prensa. “Este tipo de planteamientos, que se formulan de manera tan general, tratando de imponer barreras judiciales a la libertad de expresión, son muy propios de regímenes autoritarios, en los cuales se coarta la libertad de expresión. Es una alerta muy grande. Demanda también un debate mas a fondo, porque abriría una puerta muy peligrosa al uso de instrumentos judiciales para afectar la libertad de expresión”, comentó Andrés Hernandez, director de Transparencia por Colombia.
También fue calificado el artículo como un contrasentido frente al proyecto cuyo énfasis es la lucha contra la corrupción. “La Misión recomienda que se promueva la denuncia de la corrupción a través de un marco normativo que ofrezca garantías a los denunciantes, no que se castigue a quien ose denunciar, pues el enredo penal en que se mete quien da información de funcionarios corruptos, mientras se prueba si hubo delito penal o no, es el mejor incentivo para no denunciar”, explicó la directora de Dejusticia, Vivian Newm
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2021. Calle 103 No 69B-43 Código Postal: 111121.https://news.google.com/swg/_/ui/v1/serviceiframe?_=455246
