En la Jagua del Pilar, La Guajira – Un colectivo de ciudadanos del municipio presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal contra más -de 900 personas que, está demostrado que han registrado sus cédulas de manera fraudulenta para intervenir en las elecciones atípicas previstas para el 18 de mayo.
Según los denunciantes, la acción judicial se basa en un listado detallado acompañado de evidencias que permitirían identificar a ciudadanos que no residen ni en el casco urbano del municipio, ni en sus corregimientos. Estas personas habrían registrado sus documentos con la intención de participar en los comicios, incurriendo así en el delito de fraude en inscripción de cédulas, según lo establece el Código Penal colombiano.
Este delito, contemplado en el artículo 389 del Código Penal, establece sanciones que oscilan entre cuatro (4) y nueve (9) años de prisión, así como multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quienes alteren de forma fraudulenta el censo electoral con el propósito de afectar la transparencia de los procesos democráticos.
Los ciudadanos firmantes de la denuncia manifestaron su preocupación por lo que consideran un nuevo intento de manipular el resultado electoral mediante el traslado masivo y no justificado de votantes. “Estamos defendiendo el derecho de los habitantes reales del municipio a decidir el rumbo de nuestro propio destino y la administración local, sin injerencias externas”, señaló uno de los denunciantes, que por seguridad quiso admitir su nombre, y que todo el que denuncia algo de trashumancia es amenazado o intimado.
Solicitan investigación y medidas cautelares
La Fiscalía ya habría dado inició a la revisión del material probatorio entregado, que incluiría listados de cédulas, direcciones falsas y testimonios de personas que aseguran haber sido presionadas o incentivadas para inscribirse de manera irregular, esta información tiene la dirección real del trashumante, lugar de la EPS, DE LA IPS y del SISBEN.
Quienes figuran como denunciantes solicitaron a la Fiscalía que se investigue esta situación de manera urgente, se verifiquen los hechos mediante entrevistas, visitas de campo y análisis de documentos, y se tomen medidas preventivas para evitar que los trashumantes vuelva hacer quienes decidan sobre el resultado de la elecciones que se desarrollaran el próximo Domingos.
«Según la MOE, este es el municipio más trashumante del país, donde habiendo 3.200 habitantes, en la base de datos del DANE, la proyección de votantes corresponde a penas a 1.400 ciudadanos aptos para votar y sin embargo hay una escandaloso sobre dimensionamiento del censo electoral, que según datos de hoy corresponde a 4.700, lo cual es una inconsistencia que las autoridades electorales (Registraduria y CNE) deberían explicar. ¿Quién está detrás de mantener en vilo la institucionalidad de este pequeño municipio? — Cuestionamientos a la Registraduría Nacional.
Los denunciantes cuestiona vehementes el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por qué es evidente que no habría hecho cruces de bases de datos necesarios para depurar el censo electoral. Entre las bases que debieron analizarse están las del SISBEN, ADRES, ANSPE, la Unidad de Víctimas, y el Archivo Nacional de Identificación (ANI). Por lo que están inmersa en en un delito.
“Estas personas no residen ni ejercen actividades laborales, profesionales o comerciales en esos municipios, por lo que no deberían estar habilitadas para votar allí”, afirmaron en su denuncia.
La comunidad por su parte alertan que estas prácticas podrían estar ocurriendo no sólo en La Guajira y el Cesar, sino en diferentes regiones del país, representando una grave amenaza al ejercicio democrático en elecciones locales.
«Los votantes «trashumantes» son unos verdaderos extraños en La Jagua del Pilar, que solo van al pueblo esporádicamente a votar«.
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es que los supuestos votantes no son reconocidos por los habitantes de los municipios donde aparecen registrados, lo que refuerza la afirmación de un fraude organizado, ahondas mas los denunciantes diciendo que en las ultimas elecciones, opero una trashumancia mas corrupta, según la cual, una gran mayoría de forasteros que votaron conocieron el pueblo el día de la votación.
Las elecciones atípicas en La Jagua del Pilar fueron convocadas tras la suspensión del alcalde electo, José Amiro Morón, actualmente el ex burgomaestre enfrenta una condena por fraude en inscripción de cédulas, «Trashumancia«, sin embargo hay rumores que el señor Morón, continua manipulando al electorado desde su sitio de residencia.
En cualquier caso las imágenes son contundentes por el color amarillo que es distintivo de la campaña que defiende la administración, Lina Tomasa Soto y habiendo sido condenado por trashumancia recientemente el exalcalde Jose Amiro Moron que viene alternándose la alcaldía con Waldin Soto, el primero dos veces y el segundo tres vences, difícil es desligar esa campaña del delito electoral colectivo, que azota esa municipalidad, como quien dice «Blanco es gallina lo pone, frito se come»
La comunidad esta viendo con asombro, que nuevamente en estas elecciones atípicas, la administración municipal se pasó por la faja la ley de GARANTIAS y descaradamente hizo una contratación masiva de mas de 100 personas en una curiosa modalidad de trabajo que en La Jagua del Pilar es conocida como LAS ESCOBITAS.
Cabe destacar que, según registros oficiales, durante el período de restricciones impuestas por la Ley de Garantías, se han suscrito varios contratos en el municipio de La Jagua del Pilar que podrían constituir una presunta violación a dicha normativa. Entre ellos se encuentran: la implementación de una estrategia de gestión integral de residuos (Cl-003-2025) por $764.188.400; el fortalecimiento del sistema de acueducto en El Plan (Cl-001-2025) por $207.565.751; la limpieza del arroyo La Jagua (Cl-002-2025) con una inversión de $37.976.400; y otro contrato similar de gestión de residuos (Cl-008-2024) por $199.578.800.
Estos procesos contractuales, enmarcados en periodo preelectoral, podrían vulnerar los principios establecidos en la Ley 996 de 2005, que prohíbe la contratación pública que pueda influir en el electorado.
