El Espacio Noticias tuvo acceso a la carpeta del proceso. Expertos y la veeduría ciudadana advierten inconsistencias en los documentos técnicos entregados por la empresa contratista.
Una compra para prevenir el dengue que encendió las alarmas
Todo empezó con una convocatoria que parecía rutinaria: la alcaldía de Bucaramanga buscaba adquirir toldillos impregnados y repelentes, crucial para proteger a miles de ciudadanos del dengue y el zika, hoy es el epicentro de un escándalo que huele a negligencia administrativa y, posiblemente, a algo más turbio que el Dengue. Pese a qué a la convocatoria se postularon dos candidatos, al parecer las exigencias detalladas en el Pliego de Condiciones, para esta licitación parecen estar diseñadas a la medida o constituir un ‘pliego sastre’, ya que los requisitos técnicos y de experiencia se ajustan de manera excesivamente específica y restrictiva a las capacidades de una sola empresa. Esta situación vulnera el principio de transparencia y libre concurrencia de oferentes, lo cual es esencial en todo proceso de contratación pública, comprometiendo la objetividad en la selección del contratista.» según la Veeduría Ciudadana Activa Santandereana, el proceso beneficio a la empresa COINSTOR S.A.S.
El contrato, identificado con el número 225 de 2025, fue adjudicado bajo la modalidad PIME (Pequeña y Mediana Empresa Local), pese a superar los 500 millones de pesos, monto que exige una licitación nacional abierta bajo la Ley 80 de 1993. Pero todo fue diseñado según expresan las fuentes, durante la administración del cuestionado exalcalde Jaime Beltrán, a quien el Consejo de Estado ha destituido, por incurrir en doble militancia.
“Todo estaba amarrado desde el principio. Si la licitación hubiera sido nacional, esa empresa jamás habría ganado”, dijo a El Espacio Noticias un exfuncionario del comité de apoyo, que pidió mantener su identidad en reserva.
La denuncia del veedor: un certificado que no corresponde
Hablamos con Ramiro Vásquez Giraldo, coordinador de Ciudadanía Activa Santandereana, quien no solo denuncia la aparente ilegalidad, sino que ha puesto la cara y los documentos en entredicho ante la inacción del gobierno municipal.
Vásquez Giraldo desmiente de entrada la idea de que el contrato sea innecesario, anclando la necesidad en lo humano: “Los toldos sí se necesitan porque son para las campañas de salud o lo que comúnmente llaman como brigadas de salud que realizan las secretarías de salud [en] aquellas donde no hay puesto de salud o si hay un puesto de salud tiene deficiencias. Pero la necesidad no justifica el riesgo«. El 12 de septiembre de 2025 puso en alerta a la secretaria de Salud municipal, advirtiendo que la empresa COINTORS S.A.S., “presuntamente adulteró los certificados de idoneidad que deben tener esos toldos”. Pero hizo caso omiso.
La evidencia, según Vásquez Giraldo, es física y técnica. Se trata del Certificado de Análisis que debía garantizar que los toldillos «Yorkool» llevaban la defensa química correcta contra “insectos. Pero lo que llegó a las manos de los ciudadanos y papeles que, al mirarlos con lupa, contaban una historia confusa. Fechas que no coincidían. Certificados que hablaban de líquidos cuando lo que debían certificar eran telas. Y una adjudicación que se firmó aun cuando alguien dentro del proceso pidió parar y aclarar el documento que por cierto fue presentada en ingles».
El veedor reveló en su denuncia que el certificado, emitido por Tagros Chemicals India Pvt. Ltd., tenía una contradicción química fatal: se titulaba DELTAMETHRIN, pero el cuerpo del análisis reportaba contenido de Permethrin.
Vásquez no habla desde la sospecha espontánea: revisó la carpeta que el adjudicatario, COINSTOR S.A.S., presentó en la plataforma del proceso, coteó hojas y certificados, y encontró lo que llama una contradicción grave: un Certificado de Análisis firmado por una empresa extranjera que, al leerse con atención, certifica una formulación líquida de insecticida (Deltamethrin 55% EC W/V) no el toldillo impregnado terminado que se suponía debía ser el objeto del contrato y que, además, menciona en su cuerpo un principio activo distinto (Permethrin), cuando el encabezado habla de Deltamethrin.
“No es un error de forma, dice Vásquez. Es una inconsistencia técnica que, de comprobarse, invalida ese soporte como prueba de calidad del producto entregado.”
A esto se suman los indicios de manipulación que el veedor describió a este medio: Conocedoras del tema nos ratifican que haya adulteración en los certificados porque el certificado lo tiene que entregar quién fabrica los toldo, añaden «Hay enmendaduras, hay tachones”. Además, el certificado fue emitido para un distribuidor incorrecto y no para el fabricante final, Tianjin, China.
Cada uno es una pieza que puede explicar algo, pero también abre preguntas. ¿Ese certificado de Tagros describe el mismo lote que entró al país y que terminó como toldillo? ¿Quién impregnó la tela: el fabricante en origen o un tercero local con el insecticida comprado en grandes volúmenes? ¿Se cotejaron los números de lote en las guías, en las etiquetas y en el COA?
Para aclarar lo técnico consultamos a especialistas en control vectorial y química aplicada. Bajo condición de reserva piden que su nombre no se publique en esta etapa, explican de forma simple por qué no es lo mismo certificar un insecticida que certificar un toldillo: «El documento, emitido por Tagros Chemicals India Pvt. Ltd., ostenta el nombre de DELTAMETHRIN 55% EC W/V. Sin embargo, al revisar el numeral del análisis, se detalla el contenido de Permethrin (Permetrina). Esta es una falta gravísima, pues la Deltametrina y la Permetrina son, aunque ambas piretroides, sustancias químicas diferentes con distinta eficacia, estabilidad y, fundamentalmente, diferente costo y especificación técnica. Esta contradicción, sumada a la alteración visible en la tipografía de los títulos del certificado, lleva a la única conclusión de una «posible manipulación al documento».
«El documento no certifica el lote de los toldillos impregnados listos para usar, sino una venta de 1.000 litros de insecticida concentrado. Esto es certificar el huevo, no la gallina, incumpliendo el requisito de aportar el análisis de calidad del lote final». agregó la fuente.
Según lo investigado por esta plataforma digital, tendríamos como posible conclusión que: el toldillo es fabricado y tratado por la empresa Tianjin en China; el certificado viene de Tagros Chemicals India Pvt. Ltd.; y, para rematar, el documento está dirigido a VECTOR AND PEST MANAGEMENT LTDA, cuando el verdadero dueño titular del registro y el importador legal en Colombia es Laboratorio Investiment S.A.S..
“Si un documento habla de ‘55% EC’ y no muestra los mg/m² en el textil terminado, ese documento no prueba que la tela entregue lo prometido”, resumió uno de los expertos.
Los especialistas también señalaron que la mención simultánea de Deltamethrin y Permethrin en un mismo certificado es inusual y solo se explica por error de transcripción o por manipulación del contenido. Ambas son piretroides, pero distintas en estructura, de uso y regulación.
Su principal señalamiento recae sobre un Certificado de Análisis presentado por la empresa como prueba de calidad del toldillo, emitido por Tagros Chemicals India Pvt. Ltd..
Según el documento, se trataba de un producto llamado Deltamethrin 55% EC W/V.
Pero tras revisar el contenido, el veedor descubrió que: El certificado no corresponde a un toldillo impregnado, sino a un insecticida líquido industrial, l análisis interno menciona Permethrin (Permetrina), un ingrediente activo distinto al del encabezado (Deltamethrin), el documento fue dirigido a Vector and Pest Management, no a COINSTOR, y no fue expedido por el fabricante real del toldillo. por otro lado la fecha del documento es de 2019, es decir, cuatro años antes del proceso contractual.
“Ese documento no certifica un toldillo. Certifica un químico líquido. Es una prueba que no tiene validez para un producto textil”, explicó Vásquez a El Espacio Noticias.
Especialistas en control vectorial y químicos industriales coincidieron en que el documento no cumple los parámetros mínimos exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por los lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia (2016).
La respuesta oficial sin fondo
En medio de la polémica desatada por otros veedores que se sumaron a la denuncia, intentamos hablar con la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya Ayala, pero no fue posible, sin embargo en respuesta a los señalado por el veedor Vásquez argumento que el comité evaluador verificó la documentación y que la entidad actuó conforme a la ley. En el oficio se afirma, además, que el fabricante vinculado al certificado (Tagros, India) aparece autorizado según normativa ambiental.
Asegurando que a la Secretaría no le corresponde peritar la autenticidad o manipulación de un documento eso, dice, debe hacerlo la justicia o los organismos de control y recalca la presunción de buena fé. Para el veedor y para varios expertos, esa respuesta deja un vacío: la verificación documental no es lo mismo que la verificación técnica. La primera mira sellos y fechas; la segunda exige trazabilidad, cotejo de lotes y, sobre todo, ensayos de laboratorio en el producto final.
“La buena fe no exime de responsabilidad”, dice Vásquez. “Si el comité validó papeles sin exigir análisis que muestren mg/m² en la tela, la autoridad no cumplió con su deber de protección”.
Además, el fabricante legítimo de los toldillos Yorkool sería Tianjin Yorkool International Trading Co., Ltd., de China, y no Tagros India, que únicamente produce el insecticida base. Por ello, el documento presentado por COINSTOR no sería válido como prueba de calidad del producto final entregado al municipio.
“Aceptar un documento sin verificar su autenticidad es una omisión administrativa. No se trata de buena fe, sino de responsabilidad pública”, indicó el veedor.
Hasta el cierre de esta primera entrega, la Secretaría de Salud no ha ofrecido una explicación técnica convincente sobre el uso de un certificado químico ajeno al producto final.
La respuesta oficial insiste en que el proceso fue transparente, pero no aclara por qué se validó un documento desactualizado y sin trazabilidad.
En los barrios donde ya se entregaron los toldillos, varios beneficiarios aseguran que los productos no tienen etiquetas, marcas, ni hoja de seguridad en español.
“Nos los dieron así, sin nada. Sólo nos dijeron que eran contra el dengue, pero nadie explicó qué traen o de dónde son”, dijo una madre con tres hijos a quien solo le entregaron uno, su vivienda esta ubicada en Campo Hermoso al occidente de la comuna 5 de la ciudad.
La lucha, sin embargo, no termina con la firma del contrato. El veedor anunció que el siguiente paso será judicial. “Se va a solicitar la suspensión porque estamos a tiempo de hacerlo. Aun cuando ya lo ejecutaron no lo han puesto en práctica… Hay tiempo de poder ordenar la suspensión de un ente de la control. En este caso sería Fiscalía y Procuraduría General de la Nación”.
Lo que podría implicar
De confirmarse los hallazgos, los hechos podrían derivar en faltas disciplinarias y penales, como: Falsedad en documento, Fraude procesal, Negligencia administrativa y Violación al principio de selección objetiva y libre concurrencia
El alcalde encargado Javier Sarmiento debe actuar de inmediato para evitar que los toldillos con el «químico equivocado» terminen en las manos de los ciudadanos, convirtiendo una campaña de salud en una burla costosa para el erario.
Este medio informa que la investigación periodística sobre este contrato de salud pública continúa. Por eso, estamos adelantando gestiones internacionales para comunicarse directamente con Tianjin Yorkool International Trading Co., Ltd., Tagros Chemicals India Pvt. Ltd., y las empresas Vector and Pest Management y Laboratorio Investiment S.A.S., con el fin de verificar quién fabricó realmente los toldillos distribuidos en Bucaramanga.
Vea parte de la entrevista del Veedor Ramiro Vázquez.
El Espacio Noticias reitera su compromiso con la transparencia, la vigilancia ciudadana y la defensa de los recursos públicos.
Seguiremos acompañando a la comunidad, los veedores y los entes de control en el esclarecimiento de este caso que, podría convertirse en un ejemplo de cómo la falta de rigor técnico y el silencio institucional abren las puertas a posibles actos de corrupción.
