El periódico de El Espectador revelo en un informe detallado cómo se esta manejando la administración de la Justicia en el departamento de La Guajira, en su titular «La feria de expedientes engavetados en La Guajira»
Así mismo El Espectador conoció los hallazgos de un procurador judicial sobre la impunidad en decenas de casos en los que la Fiscalía no ha hecho nada en 10 años. Muchos de esos procesos están incompletos, mojados o llenos de hongos.
En el informe del medio de comunicación resalta la aparente negligencia de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y en la Rama Judicial, sin mencionar las múltiples quejas contra de la fuerza publica.
“Procesos penales engavetados en La Guajira”. Con esta inquietante referencia, las cabezas de los principales organismos de control del país recibieron, el pasado 18 de mayo, un extenso documento, con sus anexos y pruebas, de parte del procurador José Reyes Rodríguez Casas. El funcionario, escandalizado por sus hallazgos en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Riohacha, puso en conocimiento del fiscal Francisco Barbosa, de la procuradora Margarita Cabello, del contralor Felipe Córdoba y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira un extenso listado de expedientes por los más graves casos de corrupción en la región que fueron engavetados durante años, muchos de los cuales ya prescribieron. Según sus pesquisas, los hechos investigados por malos manejos de recursos públicos suman más de $85.000 millones», explica El Espectador.
De otra parte, la noticias hace mención a la reseña histórica, que al parecer llevan mas de 10 años beneficiando a unos y afectando a otros, dependiendo de las circunstancias, de quienes son las parte litigante u otros factores que aunque se tiene pruebas de funcionarios corruptos, continúan ejerciendo justicia, en esa zona del Pais.
«Una historia que empezó en marzo pasado, cuando Rodríguez Casas fue trasladado como procurador judicial a La Guajira. Al poco tiempo de llegar allí fue notificado de múltiples procesos de corrupción que habían sido declarados prescritos; es decir, que se agotó su tiempo máximo de investigación sin que la Fiscalía determinara si esos delitos efectivamente habían ocurrido. Lo más grave es que esos expedientes archivados llevaban hasta veinte años quietos. Los hechos denunciados corresponden a los años 1999, 2000, 2003 y 2007. En todos ellos el denominador común es que los funcionarios y particulares que presuntamente se enriquecieron con obras inconclusas o contratos amañados quedaron impunes y libres. Apenas se dio cuenta de esta cascada de fallos inhibitorios por prescripción, el procurador Rodríguez Casas comenzó sus propias indagaciones». Dice el articulo
“Lo sugestivo de esta colección de providencias inhibitorias, que embargan una relación inescindible con el fenómeno de corrupción en la administración pública, nos llevó a formularnos el siguiente cuestionamiento: ¿en la Fiscalía Seccional de La Guajira se están engavetando expedientes en espera de las oportunidades de archivo por prescripción?”, se preguntó el procurador José Reyes Rodríguez Casas en los documentos en poder de El Espectador. Y seguidamente se contestó: “Es ignominioso, lacerante e inaceptable que los casos por corrupción administrativa prescriban, engavetados por años sin ninguna gestión, en anaqueles y depósitos de expedientes de la Fiscalía General de la Nación, mientras niños y adultos mueren de sed y de hambre, abandonados en las rancherías de La Guajira. Esto es la negación del Estado social y democrático de derecho”.
Para constatar si lo que estaba observando correspondía a una política o directriz soterrada de funcionarios de la Fiscalía en La Guajira para dejar enmohecer procesos y apolillar expedientes, el procurador Rodríguez Casas fue hasta la sede del organismo investigador en Riohacha y empezó a revisar caso por caso. En particular en la Fiscalía Sexta Anticorrupción de La Guajira, donde le habían notificado las prescripciones anteriores. Además, interpuso un sinnúmero de derechos de petición para preguntar en todos los juzgados penales del departamento cuántos procesos por corrupción han llevado desde 2015 y cuáles han sido las actuaciones de la Fiscalía. Fue así como descubrió que en 64 expedientes, todos sensibles y delicados, las actuaciones de Policía Judicial eran prácticamente inexistentes.
Lo mas grave de este flagelo es que las victimas no tienen garantías suficiente para que se haga justicias y los victimarios pagen por sus falta.
