Por: Redacción
Con el fin de facilitar un diálogo amplio entre todos los sectores del país, el Senado de la República, en cabeza de su presidente Arturo Char Chaljub (Cambio Radical), convocó a una Audiencia Pública Nacional a representantes de estamentos públicos y privados institucionales, involucrados en la actual situación del país, en lo concerniente a manifestaciones, marchas y situaciones de orden público, contando con una masiva participación de los líderes del Comité Nacional del Paro.
En su intervención, Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los líderes del Comité Nacional del Paro, expresó su solidaridad con las víctimas de las protestas de los últimos días, al tiempo que pidió “en términos salud, que los trabajadores de este sector tengan un trabajo decente, no por prestación de servicios, y fortalecer la red pública de salud”.
Así mismo, exigió que “el llamado a una conversación nacional sea con resultados, una renta básica para 10 millones de personas y matrícula 0 para estudiantes de educación superior, entre otros”.
En ese mismo sentido, Aura Elizabeth Quiñónez Toro, también de la CUT, explicó que atendieron al llamado del Senado, “ a pesar de las diferencias, debido a la democracia, para pronunciarnos a favor de la vida, una vida digna, donde todos los colombianos tengamos las mismas oportunidades. Por eso nuestra disposición a iniciar negociaciones con el Gobierno es sobre la idea de que se retire el ESMAD y el Ejército porque se han desmedido en la fuerza”.
En el mismo sentido, la vocera de la Marcha Patriótica, Olga Lucía Quintero Sierra, explicó que la protesta de los últimos días “no es solo la Reforma Tributaria, es por la defensa de la vida. Las políticas como las reformas Tributaria, de la Salud y Pensional van en contravía de las personas de a pie, la gente del común, pero la única respuesta que hemos recibido es la dilación y la represión. Por eso es necesario desmilitarizar la protesta”.
Percy Oyola Palomá, vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), también manifestó la necesidad de una “agenda conjunta que contenga garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, y que incluya el desmonte del ESMAD, por ejemplo, dado el uso desmedido de la fuerza”.
Otro de los líderes del Comité Nacional de Paro, Luis Miguel Morantes Alfonso, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), enfatizó en que “se han pronunciado organismos internacionales como Naciones Unidas y Parlamento Europeo. Esto significa que hay alarma en todo el mundo por todo lo que está sucediendo”.
La voz del sector educativo
Al referirse a la retirada Reforma Tributaria como uno de las causas de las marchas, William Henry Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), aseguró que “no aceptaremos una nueva reforma y menos cuando el Gobierno nacional solo convoca a los gremios más poderosos de este país. No entendemos su lógica, a sabiendas de lo que está pasando en este país”, al tiempo que recalcó que “los docentes jamás hemos negado nuestra posibilidad de volver a la presencialidad, pero con la garantía de las medidas de bioseguridad”.
Por los lados de la educación superior, Jorge Luis Rodríguez Cortés, líder de Jóvenes Estudiantiles, manifestó, con respecto a las protestas, que “ustedes como posición de izquierda tienen gran parte de responsabilidad y por hoy estamos cosechando esos ríos de sangre. No lloremos por un solo ojo. No es cierto que la Fuerza Pública esté para atacar al pueblo; al contrario, está para defenderlos de los vándalos infiltrados. No escuché a ninguno de los líderes del Comité del Paro lamentar las pérdidas materiales y la pérdida de vidas producto de las manifestaciones. Ustedes no pueden hablar de reivindicación de derechos y de defensa de causas cuando violan los derechos de los demás”.
Por otra parte, Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, aseveró que “el Gobierno no atendió nuestra exigencia de matrícula 0 para la educación superior. En el marco de la pandemia, las universidades no pudieron autogestionarse, y en vez de encontrar en el Gobierno una respuesta clara, lo que los jóvenes reciben es represión”.
Como un acto reflexivo, Luis Fernando Gaviria Trujillo, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), aseguró que estos centros educativos “son muy importantes para percibir lo que está sucediendo en nuestro país y creo que al Gobierno le falta reconocer eso. Ofrecemos, desde la universidad colombiana, un espacio de encuentro y de discusión”.
Habla la sociedad civil
Como consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Higinio Obispo González, recordó que “el descontento del pueblo colombiano reside hace mucho rato. Desde hace 6 décadas que se ven los asesinatos, las masacres y los hechos violentos. Hay un descontento por las políticas regresivas y lesivas, que van en contravía con el derecho de la vida”.
Por los lados del sector transporte, Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), aclaró que “no es cierto que nosotros estamos obstaculizando las vías. No vamos a pelear entre nosotros. Incluso, hemos hecho un llamado para que le den paso a los vehículos de emergencia, quienes transportan medicamentos y oxígeno”.
Los jóvenes tuvieron su representación en Alex Javier González Osejo, del Comité Juvenil del Paro, quien aseguró que “lo que se manifiesta en las calles es la Constitución, porque la protesta es ante todo un derecho fundamental. La movilización en las calles está cargada de una profunda propuesta política”.
Lo que dijeron los gremios
Con la propuesta de asumir parte de los recursos que requiere la nación para salir de la crisis económica, Bruce Mac Master, presidente Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), valoró esta audiencia pública. “Hay que celebrar este espacio, con inmensa pluralidad, algo tan necesario en estos tiempos, porque es importante oírnos los unos a los otros. Desde la ANDI, somos respetuosos de las ideas de todos y de los ideales y principios de la comunidad que cada uno quiere”.
En el mismo sentido, Sandra Forero Ramírez, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) destacó que “dar estas discusiones, que nos permite la democracia que vivimos, es avanzar en la agenda que necesita el país. Este espacio es el reflejo de ese diálogo propositivo e incluyente, valorando las diferencias y que se pueden involucrar a todos. Que nos podamos involucrar no solo desde el desarrollo económico, sino también, nosotros como gremios, también desde el desarrollo social”.
Hernando José Gómez, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), reconoció que “estamos en una crisis de grandes dimensiones. Nunca habíamos experimentado estos niveles de radicalización, pero en la crisis se conoce lo mejor de las personas. Este el momento de abrir canales y tener un poco de empatía, pues esto lo logramos si los colombianos avanzamos en una idea que resumo en una frase: Vamos para adelante”.
En su intervención Julián Domínguez de Confecámaras resaltó la iniciativa del Senado de la República, por abrir esos espacios y expresó, “hemos venido trabajando y haciendo el esfuerzo por conservar el empleo, al igual que en la jornada de vacunación, en la reactivación económica. Estamos buscando que mejore la equidad, propendemos por la conservación del empleo.
Así mismo en la recuperando el sector empresarial, precisó que respetan el derecho a la protesta pacífica “hacemos un llamado a los actos de vandalismo, para que no desestabilicen la sociedad, acompañemos a las fuerzas del orden y la justicia”.
Entre tanto Rosmery Quintero de ACOPI, aseguró, “estos actos cada vez están ocasionando pérdidas significativas en la economía, sabemos que algunos departamentos tienen más afectaciones, en Cali se han perdido entre 40 50 vehículos. “Aquí se tomó la Reforma Tributaria, como el florero de Llorente, para ocasionar estos hechos. Es el momento de revisar que estructuras existen en el país, para poder atender, la salud, lo social y la reactivación. Vamos a seguir teniendo daños por todas estas manifestaciones, los créditos para las pequeñas empresas son cada vez más inalcanzables, porque nuestras capacidades no nos permiten ser sujeto de crédito para el sector financiero”.
Por su parte Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad Agropecuaria Colombiana-SAC, sostuvo que no se puede atentar contra la alimentación de los colombianos y los compradores de otros países. “Estos bloqueos están impidiendo que los alimentos lleguen en todo el territorio. Se está generando un atentado contra la alimentación de los colombianos, por parte de los que organizan estos actos”.
Turno para los organismos de control
Luis Andrés Fajardo, vice Defensor del Pueblo, manifestó el dolor que le ha producido la muerte de 25 civiles y un policía en lo que va de las protestas, indicó que el derecho a la vida se debe respetar. “Estamos en una crisis que va más allá de lo imaginable. Estamos tratado de trabajar en el diálogo y la concertación, no se trata de buscar los responsables, sino de construir”.
El funcionario reprochó el abuso en la fuerza policial, dijo que los infiltrados también generan daño. “Se hace necesario un diálogo para buscar las vías de concertación para que se dé la apertura de las vías, para que los alimentos lleguen a los hogares. Hasta que no se acabe la violencia de las calles no dejaremos de trabajar por la defensa de los derechos humanos de los colombianos”.
A su turno Javier Sarmiento, procurador Delegado de Derechos Humanos relató que le han venido haciendo acompañamientos a las manifestaciones y el protocolo de personas capturadas.
Hizo un llamado a las autoridades para que respeten los derechos humanos y se garantice el debido proceso a las víctimas, al igual que en los procesos disciplinarios. “Nuestro mensaje de compromiso frente a esta situación, de violencia desmedida, es garantizar el respeto de los derechos humanos de los colombianos”.
El Gobierno Nacional
En su intervención el ministro del Interior, Daniel Palacios, indicóque se han registrado 972 concentraciones en la última semana, en las que se adelantan 35 investigaciones disciplinarias, por parte de uniformados de la Fuerza Pública. ”El Gobierno Nacional no tolera cualquier abuso, quien lo cometa, deberá ser llevado a la justicia. Se protege y se garantiza la movilización pacífica, éstas no constituyen alteración del orden público. El Derecho a la protesta es fundamental, pero no absoluto”.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado para que cesen los bloqueos y la violencia. “este gobierno está convencido que el diálogo es el camino”.
