Por: Redacción
La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, solicitaron la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ante la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que calificó como “legítima defensa” la agresión física de Favio Alirio Quiroz Revelo a su pareja, porque ella revisó su celular, en hechos ocurridos en 2017, en la capital del país.
Mediante cartas, las altas funcionarias piden valorar la posibilidad de ejercer acciones judiciales y recurso extraordinario de casación o acción de tutela, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de la mujer y brindarle garantías procesales y constitucionales.
“Sin ánimo de desconocer la autonomía judicial con la que cuenta la Administración de Justicia, consideramos que esta decisión menoscaba ostensiblemente los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia y constituye un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres y en su garantía al acceso a la justicia con perspectiva de género, porque legitima la violencia en su contra ante cualquier actuación en la que concurran derechos fundamentales de menor o mayor entidad”, señala la misiva dirigida a la Fiscalía.
En esta misma carta, se le hace una petición clara al Fiscal: “Le solicitamos muy respetuosamente, señor Fiscal, que acorde con su misión constitucional y legal, estudie la posibilidad de instaurar los mecanismos judiciales que consideren pertinentes, valorando especialmente, la posibilidad de recurrir en Casación frente a la providencia judicial en mención, o la posibilidad de interponer acción de tutela contra providencia judicial, en aras de lograr en este caso de significativa importancia, el respeto de los derechos fundamentales, las garantías procesales y constitucionales de la mujer víctima Carmen Elisa Mesa Reyes”.
Así mismo, a la Procuradora Margarita Cabello se le solicita que “valore la posibilidad de designar un representante del Ministerio Público que pueda instaurar los mecanismos judiciales que consideren pertinentes, valorando especialmente, la posibilidad de recurrir en Casación frente a la providencia judicial en mención, o la posibilidad de interponer acción de tutela contra providencia judicial”.
Y es que, desde la “Estrategia Integral Mujeres Libres de Violencias”, liderada por la Vicepresidente de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se vienen adelantando acciones para la prevalencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, máxime cuando se trata de un grupo poblacional sujeto a una protección constitucional reforzada, debido a la violencia y discriminación histórica que se sufre por el hecho de ser mujer.
La Vicepresidente y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, lamentaron que el país esté presenciando un nuevo caso de justificación del agresor, como ha sido recurrente en muchas instancias sociales, y agradecieron el compromiso de la Defensoría, Fiscalía y Procuraduría para atender con prioridad la violencia de género y evitar que estos casos queden en la impunidad.
La consejera agregó que “la Rama Judicial a través de sus fallos ha enarbolado como una de sus banderas el avance y garantía a los derechos de las mujeres y ha sido en Colombia uno de los principales aliados en su protección, y por ello se insiste en la necesidad de seguir reforzando la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia, para que decisiones como las que nos ocupan sean un medio para lograr la equidad de género y no una forma para perpetuar la desigualdad y la discriminación”.
