#MiOpinión
Por: Amalfi Rosales
La Dirección Nacional de Inteligencia nació hace más de una década con un propósito muy claro: proteger al Estado, anticipar amenazas, blindar decisiones presidenciales y garantizar que la información que llegaba al máximo nivel de gobierno fuera veraz, completa y confiable. Su creación buscó cerrar para siempre la página oscura del DAS, evitar abusos, ilegalidades y filtraciones, y construir una entidad técnica, profesional y ética, capaz de resguardar a los colombianos y asegurar la estabilidad institucional. Hoy, ese propósito fundacional parece estar gravemente comprometido. Lo que debería ser un baluarte del Estado se ha convertido en una fuente de alarma, desconfianza y riesgo, en una entidad cuya fragilidad no es solo administrativa, sino estructural.
El pasado 23 de noviembre, Noticias Caracol divulgó archivos incautados a alias ‘Calarcá’, uno de los jefes de las disidencias de las Farc. Los documentos, que incluyen chats, cartas, correos y fotografías, señalan presuntos vínculos de esta organización con altos funcionarios del Estado: el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, alto funcionario de la DNI. Según los datos revelados, se habrían concertado reuniones en Bogotá y Venezuela para crear empresas fachada de seguridad, facilitar traslados de disidentes con protección, permitir el porte legal de armamento ilegal y establecer pactos de no agresión en regiones del país donde la disputa territorial es crítica. Además, los archivos sugieren filtración de información estratégica y posibles interferencias políticas en ascensos y traslados de la Fuerza Pública. La Fiscalía confirmó la autenticidad de los documentos, lo que convierte estas revelaciones en un asunto de seguridad nacional que afecta directamente la vida y la tranquilidad del país.
Sin embargo, la gravedad del asunto no se limita a las supuestas conexiones con las disidencias. Funcionarios internos de la DNI, que han decidido romper el silencio, señalan un riesgo adicional y quizás más profundo: la información que Jorge Lemus, director de la entidad, entrega al presidente Gustavo Petro podría no ser confiable. Empleados cercanos describen un patrón inquietante: informes incompletos, sesgados o filtrados, decisiones tomadas sin criterio técnico, improvisación permanente y un liderazgo que parece actuar sin dirección clara. Algunos funcionarios incluso sugieren que ciertos reportes podrían estar manipulados para favorecer intereses económicos o personales de allegados al director. De ser cierto, esto no solo sería negligencia: sería un riesgo directo para la toma de decisiones del Estado, pues un país no puede gobernarse con inteligencia contaminada, alterada o incompleta. Cada dato manipulado puede traducirse en injusticias, persecuciones indebidas o decisiones estratégicas equivocadas.
Jorge Arturo Lemus Montañez, abogado con estudios en gestión pública y derecho administrativo, ha dirigido entidades como la Cárcel Distrital y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Desde marzo de 2025 asumió la dirección de la DNI, además de influir en la UIAF. Su cercanía con el presidente es conocida, y por eso ocupa un rol clave en decisiones de seguridad nacional. Aun así, Lemus carga con una preocupación difícil de ignorar: no tiene formación profesional en inteligencia ni contrainteligencia. Él mismo ha dicho que su experiencia proviene de su paso por el M-19, no de entrenamiento formal en inteligencia del Estado. En medio del escándalo actual, que revela infiltraciones, filtraciones y debilidades internas, esta falta de preparación técnica agrava las dudas. ¿Cómo dirigir una institución diseñada para anticipar amenazas cuando ni siquiera se cuenta con la formación necesaria para entenderlas en profundidad?
Pero la crisis se profundiza aún más. Tras la tormenta por alias ‘Calarcá’, apareció un nuevo actor que pone en duda quiénes están realmente manejando la inteligencia nacional. El mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz, mencionado en dos investigaciones, una por narcotráfico en La Guajira y otra relacionada con el ‘zar del contrabando’, Diego Marín, ingresó este año a la DNI. Lo desconcertante es que Ortiz no llegó a un cargo menor: participa activamente en la llamada “purga” en la Policía Nacional, la misma que está redefiniendo cuadros, perfiles y poder institucional. El portal CAMBIO reveló que su nombre aparece en expedientes sensibles y que su presencia genera preocupación entre oficiales y analistas, quienes ven en su ingreso una señal de que la inteligencia del país podría estar siendo permeada por intereses ajenos a la seguridad del Estado. Que alguien mencionado en casos de narcotráfico y contrabando tenga acceso a decisiones estratégicas, contactos y análisis de inteligencia es un riesgo que ningún país serio debería permitir.
La pregunta es inevitable: ¿en manos de quién está la inteligencia de Colombia? Si al cuestionado liderazgo de Lemus se suman funcionarios con antecedentes turbios y posibles manipulaciones internas, la capacidad del Estado para protegerse queda comprometida. La inteligencia no puede ser un espacio para pagar favores, ajustar cuentas o ampliar círculos de poder. Una DNI debilitada expone al presidente, a las Fuerzas Armadas y a millones de ciudadanos, porque cada informe defectuoso puede traducirse en fallas operativas, filtraciones, amenazas no detectadas y decisiones erradas.
Los archivos de ‘Calarcá’ muestran cómo esos errores internos ya han tenido efectos reales en las comunidades. Regiones enteras pudieron quedar vulnerables mientras la DNI no detectaba movimientos de actores armados. Líderes sociales, defensores de derechos humanos y familias enteras pudieron quedar expuestos por la falta de rigor en la inteligencia del Estado. No se trata de un escándalo mediático: es un llamado urgente a revisar cómo se está operando la seguridad nacional.
Todo esto exige una respuesta seria y profunda. La inteligencia de un país no puede estar sujeta a improvisación, favoritismos ni intereses personales. Se necesita una revisión integral de la DNI, auditorías independientes, investigaciones rigurosas y un replanteamiento del liderazgo. Se requiere devolverle a la inteligencia del Estado su carácter técnico, profesional y estratégico. Lo contrario es seguir caminando hacia el abismo.
Conclusión sobre Jorge Lemus: la evidencia muestra que Lemus no posee la formación técnica ni la experiencia operativa que exige dirigir una entidad tan estratégica como la DNI. Sus capacidades, más administrativas que especializadas, no compensan la falta de criterio técnico en un momento crítico de infiltraciones, filtraciones y cuestionamientos internos. Funcionarios describen decisiones impulsivas, reportes sesgados y un ambiente donde prima la cercanía personal por encima del mérito. Bajo estas condiciones, la inteligencia no cumple su rol fundamental: proteger al Estado, garantizar decisiones acertadas y cuidar la vida de los ciudadanos.
En un país donde la inteligencia define la paz, la seguridad y la gobernabilidad, no hay margen para la improvisación. La nación exige claridad, liderazgo y transparencia. Lo que está en juego no es un cargo, es la seguridad del país. Y hoy, la DNI aparece al borde del colapso institucional. Es momento de actuar antes de que las fallas internas tengan consecuencias irreparables para Colombia.
«Hago la salvedad de que estas son apreciaciones estrictamente personales. Esperamos que todo se aclare y que las investigaciones avancen con transparencia para que las entidades del estados y los entes de control entreguen resultados pronto.»
