La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wílmar Mejía, luego de que un informe periodístico revelara presuntos vínculos con integrantes del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales estructuras de las disidencias de las Farc. La investigación surge después de que un trabajo del Canal Caracol advirtiera posibles filtraciones de información estratégica desde el interior de instituciones estatales hacia grupos armados ilegales, señalando especialmente la infiltración de alias ‘Calarcá’ en entidades de seguridad del Estado.
El órgano de control intenta establecer si desde el interior de las instituciones de seguridad del Estado se entregó información altamente sensible, entre ella las rutas y movimientos de tropas, las operaciones militares que estaban próximas a ejecutarse y los despliegues estratégicos en zonas críticas como Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar. Se trata de datos que, de haber llegado a manos de estructuras armadas ilegales, podrían haber alterado el curso de operaciones en terreno, puesto en riesgo a unidades militares y aumentado la vulnerabilidad de las comunidades que habitan esas regiones marcadas por la confrontación. Por esta razón, la Procuraduría decretó pruebas orientadas a verificar la trazabilidad de la información y determinar si los hechos realmente ocurrieron y si se configuraría o no una falta disciplinaria.
La hipótesis sobre empresas de seguridad privada
Otro de los aspectos que generó preocupación es la posibilidad de que los funcionarios investigados hubieran asesorado o facilitado la creación de empresas de seguridad privada para miembros del EMC. La Procuraduría busca establecer si estas compañías pudieron servir como mecanismo para legalizar el porte de armas, camuflar actividades logísticas relacionadas con el grupo ilegal e incluso preparar estructuras ante un eventual rompimiento de los diálogos con el Gobierno. De confirmarse, se trataría de una modalidad sofisticada de infiltración institucional con un impacto directo en la seguridad nacional.
El impacto en las regiones más afectadas por el conflicto
Más allá del ámbito disciplinario, este caso puede tener repercusiones profundas en las regiones donde se libra la confrontación con las disidencias. En territorios como el Catatumbo, el sur de Bolívar o el norte de Antioquia, las comunidades viven bajo la presión permanente de grupos armados y dependen en gran medida de la eficacia de las operaciones militares. Cualquier filtración de información puede significar la caída de una operación, el fortalecimiento de una estructura ilegal o un mayor riesgo para los pobladores que se encuentran atrapados entre las diferentes fuerzas.
Reacciones institucionales
Hasta el momento, ni el general Huertas ni el funcionario Mejía han entregado declaraciones públicas. El Ejército y la DNI han manifestado su disposición a colaborar con la Procuraduría y han reiterado que respetarán el desarrollo del proceso disciplinario. Expertos en seguridad y organizaciones de veeduría ciudadana han señalado que es fundamental que el caso se investigue con rigor para evitar un deterioro en la confianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
La apertura de la indagación por parte de la Procuraduría generó una ola de reacciones en el Gobierno, en la oposición, en organismos de inteligencia y entre organizaciones de control ciudadano. La controversia escaló rápidamente, convirtiéndose en uno de los escándalos de seguridad más sensibles de los últimos meses.
La respuesta del Gobierno Petro
El presidente Gustavo Petro se pronunció de manera directa sobre el caso. Señaló que los supuestos informes de inteligencia que circulan son “falsos” y sugirió que detrás de las denuncias habría una maniobra para atacar a funcionarios que han colaborado con la depuración interna de las Fuerzas Armadas.
Petro afirmó que su gobierno frenó un esquema irregular que permitiría otorgar permisos para empresas de seguridad vinculadas a sectores ilegales, insinuando que la reacción contra Mejía y el general Huertas podría estar relacionada con la suspensión de ese tipo de prácticas.
Desde la Casa de Nariño insistieron en que cualquier investigación debe desarrollarse con rigor, pero advirtieron que se debe evitar que “información manipulada” afecte la gobernabilidad y la seguridad nacional.
La postura del director de la DNI, Jorge Arturo Lemus
El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, aseguró que se enteró del caso por los medios de comunicación y que, hasta ahora, no existe trazabilidad institucional que confirme los supuestos nexos del funcionario Wílmar Mejía con alias ‘Calarcá’.
Lemus anunció una investigación interna “efectiva y no exhaustiva”, destinada a determinar si hubo contacto formal o misión asignada a Mejía en relación con estructuras del EMC. También aclaró que los documentos y chats divulgados corresponden a fechas anteriores al ingreso del funcionario al DNI, lo que, según él, cuestiona la veracidad del material filtrado.
El mensaje desde el DNI ha sido de respaldo institucional, pero con énfasis en que, de comprobarse cualquier irregularidad, se actuará con firmeza.
La oposición exige claridad y transparencia
Sectores opositores calificaron el caso como un hecho de “máxima gravedad” y pidieron que la Procuraduría, la Fiscalía y la Comisión Legal de Inteligencia del Congreso actúen de manera coordinada y sin presiones políticas.
Dirigentes del Centro Democrático, Cambio Radical y sectores independientes señalaron que es indispensable realizar una “verificación independiente” de los supuestos informes y de los movimientos internos en el DNI y el Ejército, por otro lado algunos ha manifestado tener dudas sobre la labor del mismo director de la entidad y no confían en su inocencia.
Varios congresistas insistieron en que no basta con desmentidos desde el Gobierno y que, dada la sensibilidad del caso, se requiere una investigación que involucre control político en el Congreso y la publicación de información confirmada para evitar un clima de incertidumbre institucional.
Organizaciones de transparencia, plataformas de derechos humanos y analistas de seguridad coincidieron en que el caso debe servir para revisar los mecanismos internos de control en las Fuerzas Armadas y en los organismos de inteligencia.
Alertaron que una posible infiltración del EMC en entidades estatales no solo comprometería operaciones militares, sino que agravaría la vulnerabilidad de comunidades donde las disidencias tienen presencia activa.
De igual manera, pidieron que la investigación avance sin interferencias políticas, recordando que la ciudadanía necesita respuestas claras para mantener la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
Los próximos pasos en el proceso disciplinario
Con la apertura de la indagación, la Procuraduría adelanta la recolección de documentos, declaraciones, comunicaciones internas y análisis técnico sobre los posibles contactos con alias ‘Calatca’ o integrantes del EMC. Luego de esta etapa preliminar, el órgano de control definirá si existe mérito para formular pliego de cargos o si, por el contrario, corresponde archivar el caso.
Un llamado a fortalecer los controles internos
Más allá de la responsabilidad individual que pueda establecerse en este caso, la indagación abre un debate necesario sobre la capacidad del Estado para blindar su propia información estratégica y evitar que actores ilegales penetren en sus estructuras. Para los ciudadanos y, especialmente, para quienes viven en las regiones más golpeadas por el conflicto, lo que está en juego es la confianza en las instituciones que deben protegerlos y la garantía de que operaciones militares no sean comprometidas desde adentro.
