En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia y unidades del Gaula Militar, las autoridades lograron desarticular una red señalada de dedicarse a la trata de personas con fines de explotación sexual en Puerto Carreño, Vichada
Las investigaciones permitieron establecer que las víctimas eran trasladadas desde Puerto Ayacucho, en Venezuela, hasta territorio colombiano, donde eran inducidas a ejercer actividades sexuales en dos establecimientos comerciales ubicados en la capital del departamento Entre las víctimas había niñas, adolescentes y mujeres, algunas pertenecientes a comunidades indígenas, y una menor con discapacidad cognitiva
Durante las diligencias fueron capturados Ingrid Cristina Laguño Tovar, Anderson Mahecha García y Yordan Lugo Rodríguez presuntos integrantes de la estructura criminal Además fue aprehendida una adolescente y rescatadas cuatro menores de edad que quedaron bajo protección de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos
Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía entre julio de 2024 y octubre de 2025 Laguño Tovar y Mahecha García serían los administradores de uno de los lugares donde se cometían los hechos mientras que Lugo habría iniciado como transportador de las víctimas y posteriormente asumido el control de otro de los establecimientos
Un fiscal de la seccional Vichada imputó a los capturados por los delitos de concierto para delinquir con fines de trata de personas trata de personas agravada estímulo a la prostitución proxenetismo con menor de edad y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años Ninguno aceptó los cargos y todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario
La adolescente aprehendida también fue judicializada por concierto para delinquir con fines de trata trata de personas y proxenetismo con menor de edad y deberá cumplir medida de internamiento preventivo
Este caso refleja la gravedad de la explotación sexual en zonas fronterizas del país y el papel de las autoridades en la protección de mujeres y menores víctimas de redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad y las condiciones sociales para lucrarse con la trata de personas
