La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez de conocimiento el escrito de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, por su presunta responsabilidad en la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
De acuerdo con la investigación, Arteaga Hernández habría coordinado el plan criminal, definiendo los roles que debían cumplir los participantes antes, durante y después del ataque. Estas actividades se habrían acordado en reuniones con González Cruz realizadas el 4 de junio y en otras fechas posteriores, en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la localidad de Bosa.
Los elementos materiales probatorios indican que alias “Chipi” participó en labores de vigilancia y reconocimiento del lugar donde se desarrolló el atentado, y que habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay.
Posteriormente, según la Fiscalía, recorrió la zona en compañía de Katherine Andrea Martínez Martínez para verificar la ejecución del hecho y luego se desplazó hacia el sector del Tintal, donde lo esperaba un vehículo conducido por alias “El Hermano”, con el que huyó hacia un establecimiento comercial del barrio Santa Fe.
La investigación también determinó que González Cruz presuntamente se encargó de vender el teléfono celular utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentado, con el fin de eliminar elementos de prueba relacionados con el caso.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación acusó a los dos procesados como presuntos responsables de los delitos de: Homicidio agravado
Concierto para delinquir agravado
Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado
Uso de menores para la comisión de delitos
Ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios
Con esta acusación, el proceso entra en etapa de juicio, en la que un juez de la República definirá la responsabilidad penal de los señalados.
