La historia vuelve a repetirse: un juez que concede lo que la Fiscalía solicita termina en el banquillo de los investigados. Esta vez, el nombre en el centro de la tormenta es el de Claribel Rodríguez, juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, señalada de presunta “obstrucción a la justicia” por supuestamente demorar la recaptura de Emilio José Tapia Aldana, el polémico contratista condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá y vinculado a recientes escándalos de corrupción en entidades públicas y privadas.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso sostienen que detrás de esta nueva embestida disciplinaria podría esconderse algo más que un simple reproche judicial: una estrategia de presión institucional para apartar a la jueza del expediente y ubicar a alguien “más funcional” a los intereses políticos y económicos que orbitan alrededor del caso Tapia.
Un expediente que se volvió campo minado
De acuerdo con información revelada por El Colombiano, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió ampliar la investigación contra Rodríguez por supuestas maniobras de su despacho que habrían demorado la recaptura del contratista, pese a que un juez de Bogotá había emitido la orden veinte días antes.
Pero según versiones extraoficiales, la historia real es distinta. En el expediente, al que este medio tuvo acceso parcial, consta que fue la propia Fiscalía la que solicitó la libertad de Tapia en el marco de un principio de oportunidad. El condenado se había comprometido a colaborar con información sobre irregularidades en contratos públicos, y la Fiscalía aceptó ese acuerdo.
La juez Rodríguez, lejos de actuar con premura, demoró la decisión y pidió garantías adicionales antes de conceder la libertad. Finalmente, lo hizo en cumplimiento de lo solicitado por el ente acusador.
Meses después, Tapia incumplió su compromiso de colaboración y el Tribunal superior de Bogotá ordenó su recaptura. Ahí comenzó la tormenta.
Entre la recaptura y la sospecha
Fuentes judiciales aseguran que la juez Rodríguez no recibió comunicación inmediata sobre la nueva orden, lo que explicaría el lapso de tiempo que hoy se le reprocha como “retraso injustificado”. Además, en esos días, Tapia se encontraba internado en la Clínica Altos del Prado por un cuadro de hipertensión. Segun fuente ya estaba organizando su entrega, pero la Dijin se adelantó a su captura.
“Tapia no estaba prófugo ni escondido, estaba en Barranquilla, hospitalizado esperando le dieran de alta para entregarse”, indicó una fuente cercana a este controversial caso.
Aun así, el señalamiento avanzó. La Comisión de Disciplina Judicial anunció la apertura de una nueva indagación por presunta “interferencia en la recaptura”. Para varios observadores del sistema judicial, la medida parece más un acto de presión que un procedimiento disciplinario objetivo.
¿Justicia o mensaje de poder?
El caso genera inquietudes sobre la independencia judicial en Colombia. En los últimos años, varios jueces que han emitido decisiones favorables a procesados con poder político o mediático han terminado bajo investigación o traslado repentino de sus despachos.
“Cuando una juez aplica la ley según la solicitud de la Fiscalía, y luego es investigada por hacerlo, lo que se castiga no es el error, sino la autonomía”, dice un magistrado consultado que pidió reserva de su nombre.
En este contexto, crece la hipótesis de que alguien quiere apartar a Rodríguez del caso Tapia, ya sea para garantizar una postura más dura o más complaciente, según los intereses de turno. “En procesos de alto perfil como este, los jueces se vuelven piezas incómodas si no se alinean”, agregó la fuente.
Contratista que divide el país y la rama judicial
Emilio Tapia, el contratista samario que se convirtió en símbolo de la corrupción del carrusel de la contratación, ha sido condenado varias veces por delitos contra la administración pública. Pese a su prontuario, sigue apareciendo vinculado a nuevos contratos con empresas y entidades estatales a través de terceros.
En 2021 volvió al foco público por su participación en el polémico contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), conocido como el caso Centros Poblados. Desde entonces, su nombre genera tensión en cada juzgado que toca.
El expediente contra la jueza Claribel Rodríguez abre un debate profundo: ¿hasta qué punto puede un juez ser responsabilizado por cumplir una orden solicitada por la propia Fiscalía? ¿Es este un caso de investigación legítima o de persecución institucional?
Por ahora, Rodríguez enfrenta un proceso disciplinario y muy seguramente tendrá que defender su posición, mientras Tapia continúa bajo custodia tras las rejas y recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla. En los pasillos judiciales el comentario es uno solo: la juez tocó intereses que no se deben tocar.
Y aunque nadie lo dice en voz alta, muchos lo piensan: en este país, ser juez puede ser más peligroso que ser corrupto y más cuando no le camina a intereses políticos.
