El país político se sacudió otra vez. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, una decisión que no sorprende, pero sí deja una estela de interrogantes. Montealegre, recordado por su paso como Fiscal General, se despide del cargo con la misma vehemencia con la que llegó: hablando de justicia, de independencia judicial y de las heridas abiertas que deja la impunidad.
Su renuncia, presentada desde París y calificada como “irrevocable”, fue aceptada mediante el Decreto 1143 del 27 de octubre de 2025. En reemplazo temporal, el Gobierno designó al secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien asumirá las funciones mientras se define un nuevo ministro o ministra.
Un ministro incómodo
Montealegre no fue un funcionario de silencios. Desde su posesión, sus discursos incomodaron a sectores políticos y judiciales. Se le escuchó hablar de la necesidad de una Asamblea Constituyente, de “romper los pactos de impunidad” y de “refundar el sistema de justicia para devolverle el alma al Estado”.
Pero su tono combativo también lo enfrentó dentro del propio gabinete. Las diferencias con el ministro del Interior, Armando Benedetti, salieron a la luz pública en medio de mensajes filtrados y acusaciones cruzadas. Mientras unos lo consideraban un intelectual valiente, otros lo señalaban de protagonismo y exceso de vanidad política.
En su carta de salida, Montealegre fue claro: su decisión nace de una profunda indignación frente a la reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, proceso que él calificó como “una vergüenza judicial y un ejemplo de prevaricato”.
La carta, redactada con el estilo que siempre lo ha caracterizado denso, jurídico y desafiante, es también un grito de frustración ante un sistema que, según él, “absolvió el poder y condenó la verdad”.
Montealegre se despide, pero no se retira. Todo indica que, desde la arena judicial, seguirá batallando por la causa que lo obsesiona: que la justicia en Colombia deje de ser un privilegio y se convierta en una verdad para todos.
El eco de una gestión corta pero ruidosa
Su paso por el Ministerio fue breve, pero dejó ruido. Montealegre impulsó proyectos de humanización carcelaria, habló de reformar la Ley de Justicia y Paz, y revivió el debate sobre la jurisdicción universal para crímenes de Estado. No alcanzó a ver materializados muchos de sus anuncios, pero su voz marcó el pulso de un Gobierno que hoy enfrenta fracturas internas, tensiones ideológicas y un gabinete que sigue moviéndose al ritmo de los desacuerdos.
El país que deja atrás
Con su salida, el Ministerio de Justicia entra en fase de transición. Queda en el aire la pregunta de si Petro apostará por un perfil más técnico o político para reemplazarlo. Pero más allá de los nombres, lo que deja Montealegre es un mensaje incómodo: la justicia no puede ser una escenografía para los poderosos, ni un escenario donde los fallos se expliquen más por el miedo que por la verdad.
Su renuncia no es solo un acto administrativo; es, en esencia, una declaración política. Una forma de decirle al país que aún hay batallas que no se ganan con cargos, sino con conciencia.
