El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en la denominada Lista Clinton, un registro que agrupa a personas y entidades señaladas de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico o con actividades que, según ese país, afectan su seguridad nacional.
La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia adscrita al Tesoro, en aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), vigente desde 1999.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida alcanza también a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti, bajo el argumento de pertenecer al “entorno cercano” del mandatario.
Alcance de la medida
La inclusión en la lista implica el bloqueo inmediato de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones financieras o comerciales con las personas designadas.
Asimismo, las entidades bancarias internacionales que operan con el sistema financiero norteamericano suelen adoptar medidas preventivas de restricción, lo que puede dificultar operaciones en el exterior.
El Tesoro señaló que la decisión se toma “tras una revisión de inteligencia financiera y cooperación interagencial”, sin precisar los hechos o pruebas específicas.
Reacciones oficiales
Desde Bogotá, la Cancillería de Colombia rechazó la sanción calificándola como una “medida unilateral y sin sustento jurídico internacional”, al tiempo que anunció la presentación de una nota de protesta diplomática ante el gobierno de los Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, manifestó en su cuenta oficial que “Colombia no acepta la política de estigmatización ni las sanciones unilaterales”, y aseguró que su gobierno mantiene “una lucha histórica contra el narcotráfico y la corrupción”. Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá no ha emitido declaraciones adicionales.
La llamada Lista Clinton, nombre derivado del expresidente Bill Clinton, quien firmó la ley que la creo, busca impedir que organizaciones del narcotráfico o personas vinculadas a ellas accedan al sistema financiero de EE. UU. Desde su implementación, más de 2.000 personas y entidades latinoamericanas han sido incluidas, entre ellas empresarios, políticos y compañías con operaciones en Colombia, México, Venezuela y Perú.
La inclusión de un jefe de Estado en ejercicio es un hecho sin precedentes en la región, y abre un escenario inusual en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, tradicionalmente aliadas en materia de cooperación antidrogas y defensaImplicaciones jurídicas y diplomáticas
Expertos en derecho internacional consultados por distintos medios señalaron que la medida tiene efectos financieros y reputacionales, pero no constituye una sanción penal ni implica un proceso judicial formal. Sin embargo, advirtieron que la acción puede generar tensiones diplomáticas y afectar la estabilidad de la cooperación bilateral.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reconoce inmunidad a los jefes de Estado frente a acciones judiciales en el extranjero, aunque en este caso se trata de un acto administrativo de política exterior y no de una imputación penal. La legislación estadounidense permite que las personas designadas soliciten una revisión administrativa ante la OFAC o interpongan una demanda ante tribunales federales si consideran que la decisión fue arbitraria.
En paralelo, el gobierno colombiano anunció que explorará “mecanismos jurídicos y diplomáticos” para restablecer la normalidad de las relaciones financieras y proteger la institucionalidad del Estado.
Por ahora, la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton marca un episodio inédito en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, con posibles repercusiones políticas, económicas y diplomáticas que aún están por evaluarse.
