En Barranquilla, los escoltas que arriesgan su vida para proteger a líderes sociales y personas amenazadas hoy protestan por la suya.
Decenas de trabajadores vinculados a la Unidad Nacional de Protección (UNP), agrupados en los sindicatos Sintrasecol, Sintraunp y Sintrasepaz, mantienen una toma pacífica frente a la sede de la empresa Su Oportuno Servicio Ltda. (S.O.S.), una de las contratistas más grandes del sistema de protección estatal.
Los manifestantes denuncian incumplimientos en los pagos, violaciones a derechos laborales y persecución sindical por parte de la compañía dirigida por Gustavo Rafael Orozco Masco.
“Nuestra organización sindical Sintrasecol se encuentra con otras organizaciones sindicales en la ciudad de Barranquilla en toma pacífica a la empresa S.O.S., su oportuno servicio contratista de la UNP. Esto por los incumplimientos y atropellos con los trabajadores”, declararon los voceros sindicales.
Una protesta pacífica, una respuesta judicial
El 16 de octubre de 2025, los sindicatos iniciaron la manifestación frente a las oficinas de S.O.S. en la carrera 51 de Barranquilla.
En lugar de dialogar, el gerente Orozco respondió con una querella policial, alegando “perturbación a la tenencia del inmueble”, amparado en el artículo 77 de la Ley 1801 de 2016.
El documento acusa a los manifestantes de haber cerrado los accesos con cadenas y candados, pero los videos obtenidos por Espacio Noticias muestran una protesta pacífica y abierta al diálogo.
Para los trabajadores, la querella no es más que un intento de criminalizar la organización sindical y desplazar un conflicto laboral al terreno judicial.
“No somos delincuentes. Somos empleados de la UNP que exigimos lo que la ley nos reconoce: pago oportuno, estabilidad y dignidad”, dijo John Alexander Monsalve Gómez, presidente nacional de Sintrasecol.
Contratistas con poder, trabajadores sin garantías
La situación revela un problema estructural en la UNP: el modelo de subcontratación o terciarización que delega la protección de personas en riesgo a empresas privadas, muchas de ellas con contratos millonarios y escaso control estatal. Estas firmas como S.O.S. manejan el personal operativo, pero también las condiciones de empleo, los turnos, los pagos y la afiliación sindical, lo que les otorga un poder desproporcionado sobre los escoltas.
Mientras los contratistas acumulan contratos, los trabajadores denuncian precarización, atrasos salariales y falta de dotación.
El conflicto de S.O.S. en Barranquilla no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema que terceriza la protección de la vida y convierte la seguridad en un negocio.
La situación revela un problema estructural en la UNP: el modelo de subcontratación que entrega la protección de personas en riesgo a empresas privadas, muchas de ellas con contratos millonarios y bajo control de familias o grupos empresariales, pero con poco o ningún control estatal.
las pretensiones de los trabajadores detallan varios puntos críticos sobre el manejo laboral de los contratistas de la UNP.
Entre ellos se destacan:
- Estigmatización de organizaciones sindicales.
- Amenazas a trabajadores para evitar su participación en protestas.
- Retención ilegal de salarios desde agosto.
- Falta de permisos sindicales y desconocimiento de convenciones colectivas.
- Incumplimiento de la Ley 2101 de 2021 (reducción de jornada laboral) y del artículo 21 de la Ley 50 de 1990.
- Pagos incompletos de viáticos y vacaciones, y reentrenamientos que no cumplen con la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
El documento también menciona a la familia Villalba, propietaria de una de las empresas vinculadas al sistema de contratación, y plantea la necesidad de un compromiso de no retaliación contra los trabajadores sindicalizados.
Estas anotaciones refuerzan la versión de los manifestantes: que los contratistas de la UNP operan bajo un modelo de control y represión laboral, donde el derecho a protestar se enfrenta a un muro de intimidaciones y sanciones.
Estas firmas —como S.O.S.— manejan directamente el personal operativo, los pagos, los turnos y la afiliación sindical, lo que les da un poder desproporcionado sobre los trabajadores.
Mientras los contratistas acumulan contratos, los escoltas denuncian precarización, atrasos salariales y presiones para que se abstengan de organizarse.
“El gerente Orozco usa la fuerza pública para intimidar a los trabajadores. Pero esta es una protesta legal, pacífica y justa. No vamos a retroceder”, aseguró Monsalve Gómez.
Silencio oficial y uso del aparato estatal
Ni la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio de Trabajo se han pronunciado sobre la supuesta violación de los derechos laborales en el que esta incurriendo las empresas Vigil y S.O.S, quienes según los manifestantes se niegan a sentarse en la mesa de dialogo.
El silencio institucional refuerza la percepción de impunidad y connivencia entre el Estado y los contratistas. En la práctica, las empresas privadas que operan bajo el paraguas de la Unidad Nacional de Protección parecen tener la última palabra sobre los derechos de los trabajadores.
“El gerente Orozco usa la fuerza pública para intimidar a los trabajadores. Pero esta es una protesta legal, pacífica y justa. No vamos a retroceder”, aseguró Monsalve Gómez.
El negocio de proteger
Mientras la carpa de los sindicatos resiste bajo el sol de Barranquilla, la querella de S.O.S. sigue su curso ante la inspección de policía.
Los escoltas, acostumbrados a cuidar a otros, hoy piden que el Estado cumpla su deber mínimo: protegerlos a ellos del abuso laboral con cero solución.
Por su parte los hombres de protección aseguran llegar seguir con la jornada de protesta hasta que se llegue a un acuerdo y que cancelen lo adeudado como lo ha señalado por la ley; “Seguiremos firmes, unidos, porque nuestra lucha es justa y pacífica. No nos vamos a dejar intimidar”, concluyó Monsalve Gómez.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia.
