El heredero Leonardy Barros Murillo asegura que el juez del municipio de Urimita actuó de forma irregular en una demanda por la finca familiar “San Antonio”, avaluada en más de $1.500 millones.
En Urumita La Guajira, un conflicto por herencia terminó en denuncia penal contra un juez. Leonardy Barros Murillo, hijo del fallecido Cicerón Barros Saurith, presentó ante la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial una solicitud para que se investigue al juez Ernesto Camilo Murgas Rosado por presunto prevaricato por acción y violación al debido proceso.
La disputa por la finca “San Antonio”
La controversia gira en torno a la finca “San Antonio”, de 75 hectáreas, ubicada en zona rural de Urumita.
Según el expediente civil, el predio fue vendido en 2013 por el entonces alcalde Cicerón Barros Saurith a dos de sus hijos, Carlos Mario y María Susana Barros Corrales, por un valor catastral de apenas 26 millones de pesos, pese a que el terreno valía más de 500 millones.
Leonardy Barros, otro de los herederos, asegura que la transacción fue una venta simulada para excluirlo de la herencia.
Por eso interpuso una demanda civil de simulación de contrato de compraventa, que terminó en el despacho del juez Murgas Rosado.
En su escrito del 7 de octubre de 2025, Leonardy Barros afirma que el juez ha retrasado el trámite del proceso, rechazó escritos y negó la admisión de la demanda, pese a que —según él— esta cumplía los requisitos legales.
Alega que la decisión del juez, emitida el 29 de septiembre de 2025, vulneró su derecho al debido proceso y a la justicia imparcial.
Por otro lado, el demandante, Leonardy Mario Barros Murillo, también presentó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, con el fin de que se investiguen las presuntas irregularidades atribuidas al juez Ernesto Camilo Murgas Rosado. Dicha queja busca determinar si hubo faltas disciplinarias derivadas de actuaciones que, según el denunciante, habrían vulnerado su derecho de acceso a la administración de justicia y los principios de imparcialidad y legalidad en el proceso señalado.
Menciones al entorno familiar
En la denuncia, Leonardy Barros también hace referencia al entorno social del juez y de la familia demandada.
Menciona al cantautor Fabián Corrales Corrales, tío de los hermanos Barros Corrales, señalando que el hijo del juez habría tenido contacto con el artista en procesos de aprendizaje musical.
No obstante, Fabián Corrales no es parte del proceso civil ni ha sido vinculado a investigación alguna.
Su nombre aparece solo como referencia contextual dentro del relato del denunciante y de su posible tráfico de influencias para favorecer a los demandados.
Barros cuenta con documentos y pruebas que fueron aportados a la demanda; como Avalúo actualizado del predio, que supera los $1.500 millones, oficio de la Secretaría de Gobierno de Urumita sobre el cambio de marca ganadera.
Leonardy también pide investigar si existieron intereses personales o familiares que influyeron en las decisiones judiciales.
En espera de respuesta
Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si abrió investigación formal contra el juez Murgas Rosado.
El despacho judicial tampoco se ha pronunciado sobre los señalamientos, y el proceso civil por la finca “San Antonio” sigue sin decisión de fondo.
“Solo quiero que se respete la herencia y se haga justicia sin privilegios”, dijo Leonardy Barros a este medio.
Los conflictos por herencia y tierras son frecuentes en municipios rurales del sur de La Guajira, donde los lazos familiares y sociales a menudo se cruzan con la función judicial, generando tensiones y desconfianza entre los ciudadanos.
Este artículo se basa en documentos públicos aportados por el denunciante. Ninguna persona mencionada ha sido hallada responsable penal o disciplinariamente, y todas cuentan con el derecho a pronunciarse sobre los hechos.
