El hallazgo sin vida de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, en su apartamento del barrio Sotomayor, en Bucaramanga, abrió un capítulo de incertidumbre que no solo enluta a su familia y colegas, sino que también golpea a la ciudad en un momento de alta tensión política. Su nombre no era ampliamente conocido en la opinión pública, pero sí en los escenarios judiciales, donde decidió dar un paso que muy pocos se atreven a dar: demandar la elección de un alcalde. Serrano fue una de las demandantes en el proceso de nulidad contra Jaime Andrés Beltrán, quien resultó elegido como mandatario local y luego fue cuestionado por presunta doble militancia política. Su acción terminó siendo clave en la decisión del Consejo de Estado, que tumbó la elección y dejó al exalcalde en el centro de la polémica.
El pasado primero de octubre, la calma de Bucaramanga se rompió con la noticia de su muerte. El reporte preliminar de las autoridades indicó que el cuerpo de la abogada no presentaba signos evidentes de violencia, pero en la escena se encontraron elementos que generan inquietud: un pan, un vaso, un plato y un marcador, además de una nota manuscrita que advertía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”. La Fiscalía y Medicina Legal asumieron la investigación para determinar con certeza si se trató de un suicidio, un homicidio o una muerte accidental.
Este hecho no puede verse como un episodio aislado. Llega en un momento en que otros actores del proceso judicial han denunciado amenazas. El abogado Juan Nicolás Gómez, quien también participó en la demanda contra Beltrán, aseguró que recibió advertencias directas después del fallo que anuló la elección. Según su testimonio, le dijeron que “iba a pagar las consecuencias” por haber detenido “un proyecto de ciudad”. Gómez también ha revelado que Sandra Serrano le manifestó en varias ocasiones sus temores y que incluso consideró desistir del proceso por miedo.
Más allá de la nulidad: contratos bajo sospecha
A la par de estas tensiones políticas y judiciales, se suman nuevas denuncias relacionadas con la administración de Jaime Andrés Beltrán. En los últimos días han salido a la luz cuestionamientos sobre la adjudicación de contratos durante su gestión, particularmente el caso de una empresa que, según investigaciones preliminares de este medio de comunicacion, habría aportado documentos falsos para quedarse con un contrato público. Aunque todavía está en etapa de indagación, este hecho alimenta la percepción de que las irregularidades no eran ajenas a la administración del exmandatario y que detrás de su proyecto político había intereses difíciles de transparentar.
La muerte de Serrano, en este contexto, se convierte en un símbolo inquietante de lo que significa enfrentar al poder en Colombia. Ella no era una líder política ni una figura pública reconocida. Era una abogada que creyó en la fuerza del derecho y en la posibilidad de que la justicia corrigiera un error electoral. Ese gesto, que podría considerarse simplemente un acto ciudadano, terminó exponiéndola a un escenario de presiones, amenazas y temores que hoy obliga a mirar con lupa lo que ocurre en Bucaramanga.
Las preguntas que deja su fallecimiento son inevitables: ¿se trató de un suicidio inducido por la presión que vivía? ¿Fue silenciada para enviar un mensaje a otros que se atrevan a cuestionar? ¿Tuvo relación con las amenazas denunciadas por su compañero de demanda? ¿O estamos frente a un hecho independiente que coincidió con un ambiente político enrarecido? La respuesta, en todo caso, está en manos de las autoridades judiciales, que tienen la responsabilidad de esclarecer con transparencia y rigor lo ocurrido.
Lo que sí es claro es que este caso no se limita a una investigación forense. Abre un debate más profundo sobre el costo que asumen los ciudadanos cuando deciden confrontar las estructuras de poder. También revela cómo la política local puede estar atravesada por dinámicas de intimidación que ponen en riesgo no solo la institucionalidad, sino la vida misma de quienes se atreven a alzar la voz.
En medio de esta tragedia, Bucaramanga se enfrenta a un espejo incómodo: una ciudad donde la confianza en las instituciones se tambalea y donde la búsqueda de justicia puede convertirse en un camino peligroso. La partida de Sandra Serrano deja un vacío humano y ciudadano, pero también una obligación colectiva de exigir respuestas claras.
Este es un caso en desarrollo. En El Espacio Noticias seguiremos atentos, no solo a los resultados de la investigación sobre la muerte de Sandra Serrano, sino también a las denuncias de corrupción que empiezan a rodear la gestión de Jaime Andrés Beltrán. Porque lo que está en juego no es únicamente la verdad sobre una muerte, sino también la credibilidad de una ciudad y la esperanza de que la justicia prevalezca sobre la intimidación y la corrupción.
