Emilio Tapia nació en Córdoba, pero su nombre se hizo célebre en Bogotá, en medio del escándalo que marcó a toda una generación: el carrusel de la contratación. Su historia es la del hombre que entendió muy temprano que en Colombia el verdadero poder no está en el discurso político ni en la tarima electoral, sino en los pliegos de contratación, en las licitaciones amañadas, en la aritmética del soborno y el anticipo. Allí construyó un emporio, allí lo derribaron y, paradójicamente, desde allí mismo ha intentado resurgir una y otra vez.
Cuando fue condenado por primera vez, el país creyó que había encontrado un símbolo de justicia: un “zar de la contratación” tras las rejas. Pero la cárcel nunca fue un muro definitivo, más bien un paréntesis. Su pena fue rebajada, su nombre reapareció, y con él nuevos escándalos, como el de Centros Poblados y las irregularidades en Emcali. Esa reincidencia no solo habla de un hombre obstinado, sino de un sistema que siempre tiene espacio para quienes saben mover las piezas.
La vida de Tapia está marcada por la dualidad entre el poder que acumuló y los enemigos que cosechó. Lo odian políticos que lo señalan en público, aunque en privado han compartido con otros contratistas de su misma estirpe. Lo combaten fiscales y jueces, aunque más de uno ha terminado en la mira por favores mal explicados y los que no ha podido comprar los presiona con denuncias, obligándolos a fallar favor por ordenes superiores. Lo condenan medios de comunicación que lo convirtieron en rostro de la podredumbre, mientras otros tantos poderosos, con prontuarios similares, nunca han ocupado titulares. Y lo acechan competidores que, más que moralidad, tienen intereses: en la contratación pública el que acapara demasiado pronto se vuelve una amenaza que conviene delatar.
Pese a ello, Tapia también ha querido presentarse como un mártir, como el chivo expiatorio de un engranaje mucho mayor. En entrevistas recientes ha insistido en que no se quedó con un peso, que fue víctima de persecuciones selectivas. Su versión intenta sembrar dudas en un país acostumbrado a sospechar de todos, donde el condenado siempre busca mostrarse menos culpable que los demás.
La paradoja es que Emilio Tapia no es solo un individuo, es un espejo. Su vida nos recuerda que la corrupción en Colombia no muere: muta, se recicla, se acomoda en nuevas alcaldías, en nuevas gobernaciones, en nuevas empresas del Estado. Él es el rostro visible de un sistema que nunca se detiene, un engranaje donde algunos caen para que otros se mantengan intocados. Los enemigos de Tapia existen, pero no son héroes. Son piezas de la misma maquinaria que lo parió y lo moldeó.
Humanizar a Tapia no es absolverlo. Es reconocer que detrás de cada titular hay un hombre que aprendió a leer el país como un mercado donde la ética se negocia y la justicia se compra por cuotas. Un hombre que, en medio de su ambición, terminó convertido en símbolo, odiado y señalado, pero también útil para un sistema que necesita villanos visibles para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
Su nombre seguirá apareciendo, cada cierto tiempo, en las noticias. Y cada vez que lo haga, será una campanada que nos recuerda que Emilio Tapia no es el problema: es la evidencia viviente de que el problema está enraizado en nosotros mismos, en esa cultura política y empresarial que sabe muy bien cómo convertir la trampa en negocio y la condena en simple trámite.
Radiografía de poder: Emilio Tapia y Saray Robayo, la pareja que mezcla política y contratación
En la política cordobesa no hay unión más llamativa —y polémica— que la de Emilio Tapia Aldana, condenado por el carrusel de la contratación, y su esposa, la congresista Saray Robayo Bechara, ficha emergente del Partido de la U. Su relación va mucho más allá del matrimonio: representa la alianza entre el contratista experto en mover millones del Estado y la legisladora que ha logrado consolidar un espacio de poder en el Congreso con el respaldo de maquinarias locales.
Tapia fue condenado por ser cerebro del carrusel de la contratación en Bogotá, y recientemente volvió a caer en la mira pública con el caso Centros Poblados, en el que se desviaron más de 70.000 millones de pesos en anticipos para llevar internet a escuelas rurales. También aceptó cargos por irregularidades en contratos de Emcali. Aunque ha sido condenado en varias ocasiones, Tapia conserva un know-how difícil de borrar: sabe cómo funcionan los pliegos amañados, las uniones temporales ficticias, el manejo de anticipos y la creación de empresas de papel.
Saray Robayo, la fachada política del bloque
Abogada de la Universidad del Sinú, Saray Robayo se ha presentado como el relevo generacional del Partido de la U en Córdoba. En el Congreso, ha tenido una presencia discreta en el debate nacional, pero activa en la política local, donde ha logrado sostenerse con el respaldo de clanes y alianzas familiares. Su discurso habla de compromiso social y renovación, pero sus críticos la señalan como pieza clave para blanquear la imagen y los intereses de Tapia, ofreciendo el respaldo político que él, como condenado, no puede ejercer directamente.
Cómo operan juntos
La fórmula de poder es clara: Tapia aporta la red de contratistas, operadores y asesores en contratación pública. Saray, desde su curul, ofrece acceso institucional, visibilidad y contactos políticos. La maquinaria que se construye alrededor de ambos se traduce en:
- Acceso a contratos públicos a través de terceros y aliados.
- Blindaje político y mediático, gracias a la investidura de Saray.
- Financiación de campañas, que mezcla estructuras familiares tradicionales con la experiencia técnica de Tapia.
- Expansión territorial: mientras ella fortalece su poder en Córdoba, Tapia mantiene vínculos con Bogotá, Cali y otros escenarios de contratación.
No son pocos quienes ven en esta pareja un peligro para la transparencia en la región. Sus enemigos políticos denuncian que el verdadero operador detrás de Saray es Tapia, aunque pocos se atreven a enfrentarlos de frente. En Bogotá, algunos sectores de opinión ven a la congresista como un eslabón más en la cadena de políticos que han normalizado convivir con contratistas condenados, siempre y cuando estos aporten recursos y estrategias.
Lo más preocupante es que, mientras el matrimonio Tapia–Robayo consolida su bloque de poder, la ciudadanía cordobesa sigue atrapada en el círculo del clientelismo. Las promesas de renovación terminan repitiendo las viejas prácticas, y el discurso de compromiso social queda en palabras. Al final, la pareja simboliza el maridaje perfecto entre política y corrupción, donde el amor no es la fuerza que los une, sino la utilidad estratégica de tener en casa el acceso a los contratos y a los votos.
