La reciente admisión de la demanda que busca anular la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional ha encendido un debate que trasciende lo jurídico. Aunque la Sección Quinta del Consejo de Estado apenas aceptó estudiar el caso lo cual no equivale a condena, la sola existencia de ocho demandas contra el exdefensor del Pueblo refleja el nivel de desconfianza que rodea su nombramiento.
Los argumentos son diversos: la supuesta violación de la ley de cuotas, los contratos entregados a familiares de congresistas que votaron a favor de Camargo, y los impedimentos de magistrados de la Corte Suprema en la conformación de la terna. Cada uno de estos elementos, sin embargo, merece una lectura desapasionada.
Consultamos con un experto en el tema constitucional explica lo siguiente:
En materia de género, la Corte Constitucional cumple formalmente con la exigencia del 30 % de mujeres. Alegar que hay “sobrerrepresentación masculina” puede sonar justo en clave política, pero jurídicamente es débil. Si queremos avanzar hacia la paridad, lo honesto es reformar la ley, no reinterpretarla según la coyuntura.
El asunto de los contratos, en cambio, es más delicado. No se trata solo de cifras en el SECOP ni de nombres de familiares favorecidos. Se trata de la sospecha —tan corrosiva en nuestra democracia— de que un voto en el Senado puede comprarse con un contrato. El problema no es exclusivo de Camargo; es un mal estructural que atraviesa la relación entre política y burocracia. Pero mientras no exista una prueba concreta del trueque, el cargo seguirá siendo más un ruido político que un pecado jurídico.
Y sobre los impedimentos en la Corte Suprema, conviene ser claros: se declararon, se votaron y la mayoría decidió no aceptarlos. Puede no gustarnos la decisión, pero en derecho el trámite se cumplió. Pretender anular una elección con base en impedimentos rechazados es forzar el debate.
Entonces, ¿qué queda? Queda la duda, queda el ruido, queda la erosión de legitimidad. Camargo asume su cargo con la espada de Damocles de un proceso en el Consejo de Estado, y con un país que observa con desconfianza cómo se eligen los guardianes de la Constitución.
¿Se caerá su elección? Hoy parece poco probable. Pero el mensaje de fondo es más inquietante: el sistema de elección de magistrados está atrapado entre cuotas, favores y sospechas. Y mientras eso no cambie, cada nombramiento en las altas cortes seguirá siendo leído no como un triunfo del mérito, sino como una jugada de poder.
