Transcurrido un mes del atentado terrorista con un camión bomba que les quitó la vida a siete personas y produjo heridas a más de 70 en inmediaciones de la Escuela de Aviación «Marco Fidel Suárez», en Cali, un equipo de la Procuraduría General de la Nación se trasladó hasta el lugar de los hechos para conocer el estado de la respuesta institucional frente a la atención, asistencia y reparación integral para las víctimas de este lamentable suceso.
Luego de recorrer la zona afectada, el equipo pudo constatar que persisten las necesidades de acompañamiento en materia psicosocial, salud, restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las dificultades para superar las afectaciones que en materia de infraestructura sufrieron las casas y edificios. De las cerca de 500 personas afectadas por el hecho terrorista, se encuentran propietarios de establecimientos de comercio quienes junto a sus familias demandan atención integral de las distintas entidades distritales y del orden nacional, que les permita superar sus pérdidas económicas.
En consecuencia, la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, en el marco del Comité Extraordinario de Justicia Transicional, destacó los esfuerzos desarrollados por la institucionalidad, pero reiteró que todavía falta mucho por hacer.
En ese sentido, requirió a los representantes de las entidades nacionales y distritales, fortalecer los planes institucionales para una atención más eficaz y ágil para los afectados; asimismo urgió sobre la necesidad que la Unidad de Victimas acelere la valoración de las declaraciones tomadas por el Ministerio Público y de esta manera los afectados puedan acceder a las ayudas contempladas en la ley 1448 de 2011.
Entre otros requerimientos, el ente de control pidió la actualización del Plan de Contingencia Distrital e insistió a las autoridades militares y de policía fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación para prevenir posibles planes terroristas.
