El parque principal de Pradera, en el corazón del Valle del Cauca, estaba teñido de amarillo, azul y rojo. Decenas de habitantes seguían con entusiasmo el debut de la Selección Colombia en las eliminatorias frente a Venezuela. Risas, cantos y emoción se confundían en la noche del 9 de septiembre, hasta que la violencia volvió a interrumpir la alegría colectiva.
Eran alrededor de las 8:00 p. m. cuando José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno del municipio, compartía con conocidos en un establecimiento cercano a la alcaldía. La pantalla transmitía cada jugada de la Tricolor. Sin previo aviso, hombres armados irrumpieron entre la multitud y descargaron sus disparos contra el funcionario, sembrando el pánico en un espacio que, minutos antes, celebraba el fútbol.
Jiménez, herido de gravedad, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Allí los médicos lucharon por salvarle la vida, pero las balas le arrebataron el aliento. Tenía 43 años y había asumido la tarea de liderar la política de seguridad local, en un municipio históricamente golpeado por la guerra y el crimen organizado.
Una segunda persona resultó herida durante el atentado, lo que incrementó la zozobra en la comunidad. Los atacantes, que se movilizaban en motocicleta, huyeron del lugar desatando un plan candado de la Policía para intentar capturarlos.
Recompensa y consternación
La noticia del asesinato sacudió de inmediato al Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó el crimen y anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables. “No podemos permitir que sigan atentando contra la institucionalidad y contra quienes trabajan por la seguridad de nuestros municipios”, expresó.
En Pradera, la conmoción se sintió con fuerza. Vecinos y amigos de Jiménez recordaron su cercanía con la gente y su empeño por devolverle la tranquilidad a la población. “Era un hombre que hablaba de frente y que no le tenía miedo a trabajar con la comunidad”, dijo un líder barrial visiblemente afectado.
Un crimen que revive viejos temores
El asesinato de un funcionario en plena vía pública y durante un evento masivo vuelve a exponer las dificultades de seguridad que enfrenta el municipio. Pradera, enclavado en una zona estratégica del Valle, ha sido escenario de disputas entre grupos armados y bandas criminales.
Aunque las autoridades locales habían reforzado controles en los últimos meses, la violencia sigue mostrando su capacidad de irrumpir incluso en los momentos más cotidianos. Para muchos habitantes, lo ocurrido es un recordatorio de que la vida civil continúa en riesgo.
La memoria de un servidor público
José Dorien Jiménez deja un vacío en la administración municipal y en las calles que recorría a diario. En su despacho de la alcaldía quedan pendientes varias iniciativas de convivencia ciudadana que lideraba. Pero, sobre todo, queda el recuerdo de un hombre que, según sus allegados, “prefería estar en medio de la gente y no detrás de un escritorio”.
Hoy Pradera llora a uno de sus líderes, asesinado mientras compartía un partido que debía unir a los colombianos. El eco de los disparos, que apagaron una vida y empañaron la fiesta futbolera, se convierte en un nuevo llamado a frenar la violencia que aún se resiste a abandonar el Valle del Cauca.
Rechazo de la Unidad de Restitución de Tierras
El crimen contra el secretario de Gobierno de Pradera también despertó voces de rechazo en el nivel nacional. Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lamentó profundamente el hecho y lo calificó como un ataque directo contra la vida y la institucionalidad en los territorios.
“El asesinato del secretario de Gobierno de Pradera enluta a toda una comunidad. Este es un momento para hacer un llamado a la construcción de paz y al respeto por la vida en los territorios”, expresó Yule en un comunicado oficial.
El mayor Yule recordó que la región del Valle del Cauca ha sido escenario de múltiples violencias históricas y que, por esa misma razón, resulta urgente redoblar esfuerzos para garantizar que los servidores públicos y las comunidades puedan desempeñar sus funciones y su vida cotidiana sin miedo.
