En las calles polvorientas de Dibulla y San Juan del Cesar, los habitantes conviven con un temor silencioso: quedar atrapados en medio de la disputa armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Allí, el miedo no es abstracto, tiene rostro: el de los niños que ya no pueden caminar tranquilos a la escuela, el de los líderes indígenas que sienten amenazadas sus voces, y el de las familias que viven con la maleta lista por si deben huir.
Con ese trasfondo, el Ministerio del Interior reunió en Riohacha a autoridades locales, regionales y comunitarias para escuchar y articular respuestas a la Alerta Temprana 010 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo.
“En La Guajira estamos actuando con decisión, fortaleciendo la presencia institucional y protegiendo a las comunidades frente a los riesgos que enfrentan. La seguridad no es solo control, es también confianza, justicia y garantía de derechos”, dijo Nhora Mondragón, directora de Seguridad del MinInterior.
Voces desde el territorio
Para los pueblos indígenas, estas medidas significan mucho más que cifras. El pueblo Wiwa, uno de los más golpeados por la violencia y el despojo, recibió el compromiso de que se continuará con la implementación del Plan de Salvaguarda, un mandato de la Corte Constitucional que busca garantizar sus derechos culturales y territoriales. “Es un paso para que no se pierda nuestra memoria ni nuestra forma de vida”, expresó un líder Wiwa al término del encuentro.
Más allá de la seguridad militar
El Gobierno anunció también el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas, un flagelo que afecta de manera silenciosa a mujeres, niñas y adolescentes en la región. En Dibulla y San Juan del Cesar se crearán comités municipales y se realizarán jornadas de prevención bajo la campaña #DeQuéTrataLaTrata.
Paralelamente, se activarán rutas de protección individuales y colectivas, habrá presencia reforzada de la Fuerza Pública y se prestará asistencia humanitaria a quienes están en riesgo de confinamiento o desplazamiento.
Entre la zozobra y la esperanza
Aunque el miedo sigue siendo parte de la rutina diaria, la presencia del Estado en territorio envía un mensaje a las comunidades: no están solas. Para muchos líderes sociales, la reunión en Riohacha fue también un espacio para exigir que las medidas no se queden en papel, sino que se traduzcan en acciones visibles.
Con este esfuerzo de articulación, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca demostrar que la seguridad no se construye solo con armas, sino con la escucha, la prevención y la confianza. En La Guajira, donde la violencia acecha a diario, esa apuesta se convierte en un rayo de esperanza para quienes todavía creen que la paz es posible.
