Una abogada en la lupa del Estado
Consuelo Ibeth Parra Velandia, abogada penalista y exfuncionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), pasó de ser una servidora pública en los Llanos Orientales a convertirse en una reconocida defensora de figuras del paramilitarismo y posteriormente del Clan del Golfo. Su nombre no es nuevo en los estrados judiciales: estuvo vinculada a la defensa de jefes como Diego Murillo, alias Don Berna; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; y más recientemente de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Ese recorrido, que algunos describen como una carrera ascendente en el derecho penal, hoy está rodeado de cuestionamientos. La Fiscalía la señala de ser algo más que una abogada: presunta administradora de bienes ilícitos y figura clave en las finanzas del Clan del Golfo.
El operativo “Briks” y la imputación de cargos
En diciembre de 2023, Parra fue capturada en medio de la operación Briks, un despliegue de la Fiscalía y la Policía que buscaba golpear la estructura financiera del Clan del Golfo. Durante el operativo se intervinieron más de 320 bienes, entre fincas, empresas y cuentas bancarias, valorados en más de 300.000 millones de pesos. La Fiscalía le imputó los delitos de: Lavado de activos, Concierto para delinquir y Enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el ente acusador, ella habría invertido grandes sumas de dinero en sociedades comerciales y préstamos millonarios, que corresponderían a recursos del narcotráfico.
Investigación patrimonial y los 240 bienes
Más allá del operativo Briks, la Fiscalía profundizó sus pesquisas y reveló que Consuelo Ibeth Parra estaría vinculada a la adquisición y administración de 240 inmuebles en distintas regiones del país, ubicados en Meta, Córdoba, Atlántico, Antioquia y el Magdalena Medio.
Según el ente acusador, esos bienes habrían sido adquiridos a través de testaferros, familiares y sociedades fachada, con el fin de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico. Las propiedades incluyen haciendas, proyectos agroindustriales de arroz y ganadería, así como empresas comerciales y de transporte.
La Fiscalía sostiene que Parra lideraría una red de lavado de activos, apoyada en empresarios, contadores y prestanombres. Un ejemplo es Fishcorp S.A.S., empresa de cultivo y comercialización de pescado en la que, de acuerdo con las investigaciones, ella habría invertido más de 1.300 millones de pesos y otorgado préstamos de hasta 3.000 millones.
Pero el caso tuvo un giro inesperado: una juez de garantías declaró ilegal su captura por vencimiento de términos, al considerar que la Fiscalía superó el plazo de 36 horas para presentarla ante la autoridad competente.
Esto no significó el fin del proceso, pero sí que Parra recobrara la libertad mientras avanza el trámite judicial. Actualmente, la Fiscalía apeló esa decisión y el expediente se encuentra en estudio en segunda instancia.
Más allá de los expedientes, la historia de Consuelo Ibeth Parra refleja las complejidades de la justicia en Colombia. De funcionaria del CTI pasó a ser asesora de exparamilitares en procesos de Justicia y Paz, y más tarde se consolidó como la abogada de cabecillas de las Autodefensas y del Clan del Golfo.
Para algunos, su trayectoria representa una labor profesional legítima: la defensa de todo ciudadano ante la justicia, incluso de quienes son señalados de graves delitos. Para otros, su cercanía con esas estructuras terminó cruzando una línea peligrosa, al punto de involucrarla en actividades de lavado y enriquecimiento ilícito.
Consuelo Ibeth Parra ha dicho a su círculo cercano que no es una criminal, sino una abogada que ejerce su labor en escenarios de alta complejidad. Sus defensores insisten en que el ejercicio de la abogacía no puede confundirse con la pertenencia a organizaciones ilegales, y que la imputación de la Fiscalía debe probarse con evidencias sólidas.
La situación la enfrenta a un doble reto: Probar su inocencia en un proceso cargado de atención mediática.y superar el señalamiento social de ser vinculada públicamente como “la abogada del Clan del Golfo”.
El expediente se acerca a una fase decisiva: la acusación formal. De confirmarse, la Fiscalía no solo buscaría una eventual condena contra Parra, sino también la extinción de dominio sobre los 240 bienes investigados.
Mientras tanto, ella continúa defendiendo su inocencia, alegando que su patrimonio es fruto de su trabajo profesional y empresarial, y que ser abogada de paramilitares no significa pertenecer a sus estructuras.
✅ En conclusión, Consuelo Ibeth Parra Velandia está en el centro de un proceso que mezcla justicia, poder y opinión pública. Su historia expone el dilema de los abogados que defienden a los actores armados ilegales: ¿hasta dónde llega el ejercicio profesional y en qué momento se convierte en colaboración delictiva?
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