Los predios, ubicados en Turbaco (Bolívar), están avaluados en más de 412 millones de pesos y pasarán a manos de la SAE.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre cuatro predios rurales en Turbaco (Bolívar) que pertenecerían a un exfuncionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas, señalado de participar en un entramado de corrupción para levantar embargos mediante documentación falsa y otras maniobras fraudulentas.
Las propiedades, avaluadas en más de 412 millones de pesos, quedaron bajo suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, y serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2017 el exfuncionario habría adquirido bienes con recursos ilícitos obtenidos tras la venta de activos en Bolívar y Córdoba que previamente estaban embargados. Las operaciones irregulares se habrían concretado mediante falsificación de documentos y otras acciones ilegales.
Por estos hechos, varios servidores públicos y particulares fueron vinculados formalmente a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
