La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República intensificaron su seguimiento al manejo de los subsidios del sector energético en el país. A través de un requerimiento conjunto, ambas entidades solicitaron al Ministerio de Minas y Energía un informe detallado sobre el estado actual de los subsidios de energía y gas, así como de la deuda acumulada por la denominada «opción tarifaria».
El requerimiento busca establecer si se están cumpliendo los plazos legales para el pago de estos subsidios y la validación de las conciliaciones con los operadores del servicio.
Entre la información solicitada se encuentran detalles específicos sobre los giros realizados durante el primer y segundo semestre de 2025 en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), incluyendo montos discriminados por operador, valores reconocidos y girados por el Ministerio, así como los saldos pendientes.
En relación con las Zonas No Interconectadas (ZNI), se pidió un reporte actualizado basado en la información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Este debe incluir fechas de validación, criterios de asignación de subsidios, programación de pagos y el monto de la deuda por cada prestador del servicio.
Además, se solicitó esclarecer si se han gestionado recursos para garantizar el funcionamiento y reposición de los Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI), los cuales hacen parte de la tarifa del servicio en muchas zonas rurales del país.
Finalmente, la Procuraduría y la Contraloría requirieron al Ministerio que detalle qué acciones ha implementado y cuáles tiene previstas para resolver de forma estructural la deuda generada por la opción tarifaria, un mecanismo implementado durante la pandemia para mitigar los efectos del alza en las tarifas, pero que hoy representa una carga financiera significativa para el Estado.
