El exsenador y actual candidato al Senado Jorge Enrique Robledo interpuso una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras la decisión de esa entidad de reducir su esquema de seguridad, a pesar de reconocer que el dirigente político se encuentra en una situación de riesgo extraordinario.
En el documento, presentado ante un juez administrativo de Bogotá, Robledo alega que la disminución de sus medidas de protección vulnera sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la oposición política y el debido proceso. Según el accionante, la decisión se tomó sin una motivación técnica suficiente, omitiendo factores relevantes del contexto político actual.
Reducción de protección en medio de alto riesgo
Hasta hace pocas semanas, Robledo contaba con un esquema de protección tipo 2: vehículo blindado, dos escoltas y chaleco antibalas. Sin embargo, la Resolución DGRP 005614 de 2025 ordenó reemplazar el vehículo blindado por uno convencional, manteniendo el resto del esquema.
Paradójicamente, la misma resolución reconoce que Robledo continúa en un nivel de riesgo extraordinario, categoría que normalmente exige protección reforzada. La UNP justificó el cambio en una “disminución en la ponderación del riesgo”, sin detallar en qué consistió ni cómo se evaluó esa variación.
Robledo argumenta que dicha reducción se hizo sin tener en cuenta hechos recientes que agravan su nivel de exposición, entre ellos, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio, y la oficialización de su candidatura al Senado por la coalición opositora “Ahora Colombia”.
Argumentos de la tutela
En la acción, Robledo sostiene que su trayectoria como líder político de oposición, sus denuncias contra el gobierno y su papel como precandidato lo hacen especialmente vulnerable. Señala además que ha sido objeto de amenazas simbólicas y estigmatización en redes sociales, lo que —según la jurisprudencia constitucional— debe considerarse al evaluar riesgos de seguridad.
El documento también menciona que la reducción del esquema se hizo con base en una mínima variación en el puntaje de riesgo (de 54,44% a 52,77%), lo cual —según argumenta— no justifica una disminución significativa como la eliminación del vehículo blindado.
El dirigente político solicita que se reestablezcan de manera provisional sus anteriores medidas de protección mientras se revisa el fondo del caso. Además, pide una nueva evaluación del riesgo, actualizada y técnica, con presencia del Ministerio Público en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).
UNP y Procuraduría en el foco
La tutela se suma a las recientes críticas hacia la gestión del director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien es investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas omisiones en la asignación de esquemas de seguridad a líderes sociales y políticos.
En un contexto de creciente polarización política y de cara a las elecciones de 2026, la disminución de medidas de protección a figuras de oposición plantea interrogantes sobre los criterios de la UNP y la necesidad de garantizar la participación democrática en condiciones de seguridad.
