Una alarmante situación de confinamiento forzado afecta a más de 5.000 personas en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, según alertó este viernes la Procuraduría General de la Nación. La crisis se concentra en los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista y en las veredas La Marisosa y Pie de Sabana, donde grupos armados ilegales han impuesto severas restricciones a la movilidad, provocando desabastecimiento, temor generalizado y una violación sistemática de los derechos humanos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los habitantes de estas zonas rurales se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, sin posibilidad de acceder libremente a servicios de salud, alimentos, agua potable o educación. “La comunidad está siendo privada del ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta situación exige una acción inmediata y coordinada del Estado para restablecer el orden, proteger a la población civil y garantizar la ayuda humanitaria”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Fuentes oficiales indican que el confinamiento se deriva de enfrentamientos y amenazas entre estructuras ilegales armadas que se disputan el control territorial en la región, estratégica por sus rutas de narcotráfico y explotación minera ilegal. Los actores armados, cuya presencia se ha intensificado en los últimos meses, habrían advertido a la comunidad que no pueden salir de sus territorios, y han instalado retenes ilegales en caminos veredales y fluviales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta situación se enmarca en una preocupante tendencia de confinamientos masivos en diversas regiones del país, especialmente en zonas con débil presencia institucional.
Falta de respuesta oportuna del Estado
La Procuraduría urgió a las autoridades locales, departamentales y nacionales a activar con prontitud los mecanismos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como a coordinar con la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Gestión del Riesgo y organismos humanitarios, con el fin de entregar ayuda inmediata, restablecer derechos y evitar una catástrofe mayor.
“Resulta imperativo que el Gobierno Nacional garantice un corredor humanitario, restituya el orden público en la zona y ponga en marcha una intervención integral que frene la expansión de estos grupos armados y brinde garantías reales a la población civil”, añadió el ente de control.
Entre los confinados se encuentran cientos de niños y niñas que no han podido asistir a clases, mujeres gestantes sin atención médica, campesinos que han perdido sus cultivos y adultos mayores que requieren medicamentos urgentes. Las familias han comenzado a racionar los pocos víveres que les quedan, mientras que líderes comunitarios denuncian que algunos intentos de salir de las veredas han sido interceptados por los grupos ilegales.
Organizaciones sociales y eclesiásticas locales han intentado mediar para facilitar el ingreso de ayudas, pero hasta el momento no hay garantías de seguridad para la entrada de brigadas humanitarias o de salud.
Llamado urgente a la comunidad internacional
Frente a la gravedad de los hechos, la Procuraduría también hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos y agencias de cooperación a monitorear la situación y brindar apoyo técnico y logístico en la respuesta humanitaria. El llamado se suma a las alertas tempranas ya emitidas por la Defensoría del Pueblo en esta zona del sur de Bolívar.
