La Defensoría del Pueblo ha lanzado una advertencia severa: Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla se encuentran en un peligro extremo. Una nueva guerra silenciosa —pero feroz— entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) amenaza con convertir estos territorios guajiros en campos de batalla, donde la población civil es el blanco principal.
La entidad emitió la Alerta Temprana 010 de 2025, en la que detalla el riesgo sistemático que enfrentan comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres, jóvenes, personas defensoras de derechos humanos y población OSIEGNH. Las víctimas están expuestas a homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos, extorsión, reclutamiento forzado, y explotación sexual.
“Lo que está en juego son los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la libertad de miles de personas. El Estado debe actuar ya”, señala el documento.
Territorio bajo asedio
Según el informe, el Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado (EGC) y el Frente Javier Cáceres de las ACSN se disputan el control no solo de las zonas rurales, sino también de los cascos urbanos y los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada.
La pretensión de ambos grupos es clara: imponer gobiernos de facto mediante el miedo, el control social y la violencia. Esta lucha por el poder armado ha comenzado a copar escuelas, centros de salud y lugares sagrados indígenas, violando principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.
Riohacha, Dibulla y San Juan: bajo amenaza total
Los datos de la Alerta Temprana son contundentes:
Riohacha: riesgo en sus 10 comunas, 14 corregimientos, 66 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas.
Dibulla: peligro en 6 corregimientos, 8 consejos comunitarios y 3 resguardos indígenas.
San Juan del Cesar: afectaciones en su casco urbano, 10 corregimientos, 26 consejos comunitarios y 3 resguardos indígenas.
Las comunidades no solo enfrentan la violencia directa, sino también la fragmentación de su tejido social, el impuesto de normas ilegales y la imposición de economías criminales que sustituyen al Estado.
31 recomendaciones y siete ejes de respuesta urgente
La Defensoría estructuró 31 recomendaciones dentro de siete ejes estratégicos, que van desde la coordinación de respuesta rápida, pasando por la prevención y protección de las comunidades, hasta la mitigación de exclusiones sociales que han permitido el avance del conflicto armado.
Entre las acciones más urgentes solicitadas están:
Activación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).
Operaciones de disuasión militar sostenidas con enfoque de seguridad humana.
Protección colectiva a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Respuesta inmediata a eventuales desplazamientos masivos.
Políticas públicas que ataquen de raíz las condiciones de exclusión y pobreza que permiten el fortalecimiento de los grupos armados.
¿Habrá respuesta real del Estado?
El historial de omisión estatal en La Guajira no es nuevo. Durante años, este departamento ha sido testigo de abandono institucional, corrupción local y violencia estructural. La pregunta hoy es: ¿seguirá el Estado observando desde la distancia mientras nuevos actores armados se consolidan?
La AT 010 de 2025 es más que una advertencia técnica: es un grito de auxilio. Si el Estado colombiano no toma acciones inmediatas, La Guajira podría convertirse en otro epicentro del control paramafioso, y la democracia local, en una ilusión vacía.
