Mientras el expresidente Álvaro Uribe enfrenta un juicio histórico por presunta manipulación de testigos, crece el debate ciudadano sobre si, de ser hallado culpable, perdería su pensión vitalicia como exmandatario. La respuesta, sin embargo, es tan contundente como polémica: no la perdería.
La Ley 48 de 1962, que otorga este beneficio a todos los expresidentes, no contempla la suspensión ni eliminación de la asignación mensual —equivalente al salario de un senador— por delitos o condenas penales. Esto significa que, incluso en caso de una sentencia condenatoria, Uribe seguiría recibiendo más de 40 millones de pesos mensuales, pagados por el Estado.
Para muchos ciudadanos y analistas, este blindaje legal evidencia los privilegios que siguen vigentes en la élite política colombiana. Mientras millones de colombianos apenas logran acceder a una pensión mínima —o ninguna—, la ley protege con firmeza las garantías económicas de quienes han ejercido el poder, incluso si son hallados culpables de delitos graves.
La única manera de revertir este beneficio sería mediante una reforma legislativa aprobada por el Congreso, un escenario que, dadas las correlaciones políticas actuales, luce improbable.
En resumen: la pensión de Uribe no está en juicio, aunque él sí.
