El deterioro de la seguridad y el clima de tensión política han llevado al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para proteger a 14 precandidatas y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. La decisión surge tras la creciente preocupación por amenazas, seguimientos y posibles atentados contra figuras que ya se perfilan en la contienda.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) y organismos de inteligencia han identificado riesgos concretos que comprometen la integridad de varios aspirantes, en especial en zonas donde operan grupos armados ilegales o donde hay presencia de economías criminales. La respuesta del Gobierno incluye esquemas especiales de protección, acompañamiento territorial y coordinación con fuerzas militares.
“El país no puede normalizar la violencia política. Esta alerta temprana debe ponernos a todos en modo prevención”, advirtió una fuente del Ministerio del Interior.
La medida revela el complejo escenario en el que se desarrollará el proceso electoral, marcado por la desconfianza, el aumento de la violencia y la necesidad urgente de garantizar la vida y participación de quienes aspiran a dirigir los destinos del país.
