En una decisión que ha generado diversas reacciones en el ámbito político, la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó al exsenador y excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo que será retirada la camioneta blindada que hacía parte de su esquema de seguridad desde 2022, pese a que la misma entidad ratificó recientemente que su nivel de riesgo es extraordinario.
La medida ha generado preocupación entre sectores políticos y de la sociedad civil, al considerar que podría dejar en situación de vulnerabilidad a una figura pública con alta exposición, especialmente en un contexto de polarización y recientes hechos violentos, como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.
“Luego de que la UNP ratificara mi ‘nivel de riesgo como EXTRAORDINARIO’, decidió quitarme la camioneta blindada que me asignó desde 2022, reemplazándola por una corriente. Decisión irresponsable que solo puede entenderse como una represalia por mi posición crítica al gobierno del presidente Petro”, expresó Robledo en sus redes sociales.
Jorge Enrique Robledo, quien fue senador durante 20 años, anunció recientemente —el pasado 9 de junio en entrevista con María Isabel Rueda— su candidatura al Senado para el periodo 2026-2030, y se prepara para iniciar una gira nacional de campaña. Esto, según él, incrementa su nivel de exposición y el riesgo a su integridad.
Además, ha señalado ser blanco frecuente de ataques en redes sociales y campañas de desprestigio que, en su opinión, contribuyen a crear un ambiente de hostilidad en su contra.
Críticas y llamado a revisión
Desde distintos sectores se ha cuestionado si esta decisión podría interpretarse como una medida de carácter político, especialmente considerando su postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Algunos líderes opositores han manifestado su solidaridad con Robledo y han llamado a la UNP a revisar la decisión en garantía del principio de igualdad y no discriminación.
Por su parte, la UNP no ha emitido una declaración pública detallada sobre los motivos específicos del cambio de vehículo, más allá de señalar que se trata de una “reasignación de recursos operativos”, sin afectar el acompañamiento de seguridad personal que mantiene Robledo.
Acciones legales en curso
Ante la decisión, Robledo ha anunciado que interpondrá un recurso formal de revisión, argumentando que la medida desconoce el concepto técnico que lo ubica en el nivel más alto de riesgo, y que podría tener consecuencias graves para su integridad física.
“Esta campaña la haré por todo el país, así me toque en carro prestado. Pero el país debe saber que se deben respetar las garantías para todos los candidatos, incluso los que son críticos”, afirmó.
Debate sobre la politización de la protección
Este caso reaviva el debate sobre la transparencia y criterios técnicos de la UNP en la asignación y modificación de esquemas de protección, particularmente en períodos preelectorales. Expertos en derechos humanos han advertido sobre la necesidad de blindar institucionalmente las decisiones de la entidad frente a posibles interferencias políticas o decisiones discrecionales que afecten a líderes sociales, periodistas y políticos en oposición.
La UNP, dirigida actualmente por Augusto Rodríguez, depende del Ministerio del Interior y tiene a su cargo la evaluación y asignación de medidas para proteger a personas amenazadas, conforme a protocolos establecidos.
Con las elecciones legislativas de 2026 en el horizonte, distintos sectores coinciden en que garantizar condiciones equitativas de participación política será fundamental para el fortalecimiento democrático. El caso de Jorge Enrique Robledo se convierte así en un ejemplo de los retos que enfrenta el país en materia de seguridad, pluralismo y garantías para la oposición.
