En un acto público desde la Plazoleta San Francisco, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0639 de 2025, que convoca a una consulta popular nacional para el 7 de agosto. La medida busca que los ciudadanos se pronuncien sobre temas clave de su agenda social, especialmente en materia laboral y de salud.

La decisión fue sustentada por el Gobierno en el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación. Según el Ejecutivo, el Congreso no respondió formalmente dentro del plazo legal de 30 días, lo que habilitaría al presidente para continuar el trámite por vía directa.

La iniciativa ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar su validez jurídica y el contenido de las preguntas.

¿Qué propone la consulta?

El decreto plantea 12 preguntas que abordan temas laborales y sociales, muchos de los cuales habían sido incluidos en la reforma laboral que fue archivada por el Congreso. También se tocan aspectos del modelo de salud y mecanismos de justicia laboral.

A continuación, reproducimos el listado propuesto en el texto oficial:

Recuadro: Preguntas de la Consulta Popular 2025

  1. ¿Está usted de acuerdo con que la jornada laboral nocturna inicie a las 6:00 p. m. en Colombia?
  2. ¿Aprueba usted que el trabajo en domingos y festivos tenga un recargo del 100 % sobre el valor de la hora ordinaria?
  3. ¿Está de acuerdo con garantizar la estabilidad laboral reforzada para quienes tengan cargas familiares o salud vulnerable?
  4. ¿Está usted de acuerdo con reconocer los derechos laborales a los aprendices y practicantes, incluyendo remuneración mínima y afiliación a seguridad social?
  5. ¿Aprueba usted que las mujeres trabajadoras tengan licencia de maternidad de 18 semanas, y los hombres de 4 semanas, con protección al empleo?
  6. ¿Está usted de acuerdo con que el sistema de salud priorice el modelo preventivo, con énfasis en atención primaria integral?
  7. ¿Aprueba usted que se limite el número de contratos temporales o de prestación de servicios para funciones permanentes?
  8. ¿Está usted de acuerdo con eliminar intermediarios laborales (cooperativas, tercerización) en actividades misionales?
  9. ¿Aprueba usted el fortalecimiento de la inspección laboral y la justicia laboral para resolver conflictos de forma oportuna?
  10. ¿Está usted de acuerdo con prohibir el despido de trabajadoras embarazadas sin autorización judicial?
  11. ¿Aprueba usted garantizar la libertad sindical y el derecho a negociación colectiva en todos los sectores?
  12. ¿Está usted de acuerdo con establecer como política de Estado la formalización laboral progresiva en todo el país?

El trámite: entre el Congreso y la Corte

El presidente explicó que esta consulta no reemplaza al Congreso, pero sí constituye un camino alternativo ante la falta de respuesta legislativa. Subrayó que si el Legislativo aprueba una reforma con contenidos similares antes del 7 de agosto, el decreto quedará sin efecto.

Por su parte, la Presidencia envió el decreto directamente a la Corte Constitucional, bajo el argumento de que se trata de una consulta ciudadana que requiere control previo.

Opiniones divididas

A favor:

Sindicatos y centrales obreras celebraron el uso del mecanismo como vía para destrabar la agenda social.

Organizaciones civiles consideran que se trata de un ejercicio legítimo de democracia participativa.

En contra:

Voces de oposición cuestionan el procedimiento y anuncian acciones judiciales.

Algunos sectores económicos alertan sobre posibles efectos en la inversión y la contratación laboral.

Expertos advierten que la Corte deberá resolver si se respetaron los trámites formales, ya que no hubo un concepto favorable del Senado.

¿Y ahora qué sigue?

La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre el decreto. Analizará si las preguntas cumplen requisitos de claridad, legalidad, unidad temática y si el procedimiento se ajustó a la normatividad vigente.

Mientras tanto, se avecina un debate nacional sobre la relación entre participación ciudadana, separación de poderes y gobernabilidad.