El fiscal Karin Sefair Calderón fue atacado por sicarios mientras retiraba dinero en un centro comercial
La justicia en Colombia vuelve a ser blanco de la violencia. El fiscal delegado Karin Sefair Calderón, coordinador seccional de Fiscalías para Fusagasugá y Sumapaz, fue asesinado este martes en un atentado armado perpetrado al interior del centro comercial Avenida de Fusagasugá.
De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario se encontraba retirando dinero en un cajero automático cuando fue sorprendido por al menos dos hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado con vida a un centro asistencial cercano, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Un fiscal clave en investigaciones de alto impacto
Sefair Calderón estaba adscrito a la Delegada de Seguridad Territorial de la Fiscalía y era reconocido por su labor en casos complejos relacionados con estructuras criminales en la región del Sumapaz, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y redes de narcotráfico.
Su rol como fiscal delegado ante jueces del circuito especializado lo convertía en una figura clave en investigaciones de alto impacto en Cundinamarca, por lo que su asesinato ha sido interpretado como un golpe directo a la institucionalidad judicial.
La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte de su funcionario y anunció la creación de un equipo especial para investigar el crimen. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura y diversas organizaciones del sector justicia exigieron al Gobierno reforzar las medidas de protección para fiscales y jueces en territorios con riesgo elevado.
“Este ataque no solo enluta a la justicia, sino que pone en evidencia el riesgo extremo que enfrentan nuestros funcionarios en regiones sensibles. No puede haber impunidad”, señaló una fuente judicial.
¿Crimen por retaliación?
Fuentes extraoficiales no descartan que el asesinato del fiscal esté relacionado con su participación en procesos judiciales contra organizaciones armadas ilegales o mafias locales. Se investiga si el crimen fue una retaliación directa por su trabajo investigativo.
La Policía Nacional y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas, entre ellas los registros de cámaras de seguridad del centro comercial y declaraciones de testigos. Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de ningún sospechoso.
