La Fiscalía General de la Nación ha solicitado en múltiples ocasiones el cierre parcial del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Sin embargo, estas solicitudes han sido rechazadas tanto por jueces de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá, quienes han considerado que existen elementos probatorios suficientes para mantener la investigación activa.

El proceso judicial, que dio inicio formalmente en febrero de 2025, está enfocado en las acusaciones relacionadas con la conducta del exabogado de Uribe, Diego Cadena. Según la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones en favor del expresidente. Estas acciones de supuesto soborno de testigos configuran el núcleo central del caso que enfrenta Uribe, quien ha negado categóricamente conocer tales maniobras y ha sostenido que siempre actuó dentro del marco de la legalidad y de buena fe.

Hasta la fecha, el juicio avanza de manera pausada. Se han presentado más de 70 testigos, pero aún restan numerosas declaraciones clave para poder definir el rumbo del proceso. Esta lentitud en el trámite judicial ha generado preocupación en distintos sectores, ya que los términos procesales podrían vencer en octubre de 2025, lo que podría poner en riesgo la continuidad o resolución del caso.

Este escenario mantiene el proceso en una fase crítica, en la que tanto la Fiscalía como la defensa esperan que se esclarezcan los hechos para que la justicia pueda actuar conforme a derecho. El desarrollo del juicio oral continúa bajo la estricta supervisión de las autoridades judiciales, que buscan garantizar la transparencia y legalidad en todas las etapas del proceso.

En conclusión, aunque la Fiscalía intentó en repetidas ocasiones que se cerrara parte del proceso, la justicia ha insistido en que el caso debe seguir abierto, reafirmando la importancia de que se investiguen a fondo las denuncias de soborno de testigos en contra del expresidente Uribe. Actualmente, el proceso sigue adelante, y su desenlace será crucial para la política y la justicia en Colombia.