Freddy Castellanos, capturado por presuntos abusos a menores en un hogar infantil de Bogotá, no aceptó los cargos de acceso carnal y acto sexual abusivo con menor de 14 años.
Freddy Arley Castellanos Velasco, docente del Hogar Infantil Canadá sede F, operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la localidad de San Cristóbal, fue capturado el lunes 6 de mayo tras denuncias de presunto abuso sexual contra varios niños y niñas entre 2 y 3 años de edad.
Durante la audiencia de imputación de cargos realizada el martes, Castellanos se declaró inocente y no aceptó los delitos formulados por la Fiscalía General de la Nación: acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con menor de 14 años. El juez legalizó la captura y la investigación continúa.
Las alarmas se encendieron cuando una madre notó comportamientos extraños en su hija. Un examen realizado por Medicina Legal confirmó signos de abuso sexual. Tras este caso inicial, al menos siete familias más han denunciado situaciones similares. Algunas versiones señalan que dos menores estarían contagiados de VIH, lo cual intensificó la preocupación y el clamor por justicia.
Ante la gravedad de los hechos, el ICBF ordenó el cierre temporal del centro infantil. La directora de la entidad, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, afirmó que el instituto ya asumió la protección de los niños y sus familias, y solicitó a las autoridades judiciales actuar con celeridad. “No podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad. Los menores merecen verdad y reparación”, declaró Cáceres.
Por su parte, la comunidad ha expresado indignación, mientras exige que se esclarezca si los hechos denunciados ocurrieron en el hogar infantil o fuera de él. Padres y cuidadores han organizado manifestaciones frente a las instalaciones del jardín, exigiendo respuestas claras y acciones contundentes.
El proceso judicial definirá en los próximos días si Freddy Castellanos enfrentará el juicio privado de la libertad mientras avanza la recolección de pruebas, testimonios y exámenes forenses.
Este caso ha generado una ola de rechazo y ha puesto en el centro del debate la seguridad en los entornos educativos de primera infancia y el acompañamiento institucional a las familias afectadas.
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