La Fiscalía General de la Nación reafirmó su decisión de llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, asegurando que existen suficientes elementos probatorios que lo vinculan con los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Según el ente acusador, el exmandatario habría promovido una red de manipulación de testigos para desvirtuar testimonios que lo relacionaban con grupos paramilitares.
Durante la audiencia preparatoria del juicio, los fiscales del caso argumentaron que los hallazgos obtenidos en la etapa de indagación —entre ellos interceptaciones telefónicas, testimonios de exparamilitares y declaraciones judiciales— permiten inferir que Uribe tuvo un rol activo, aunque indirecto, en la obtención de declaraciones manipuladas con el fin de beneficiar su posición jurídica y política.
“El material probatorio reunido da cuenta de un patrón de conducta que encaja en los delitos imputados. Consideramos que el juicio es el escenario idóneo para que se esclarezcan los hechos y se valore toda la evidencia de manera pública y transparente”, indicó un portavoz de la Fiscalía.
Ante este escenario, la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, desestimó la solidez del caso y anunció la presentación de más de 70 testigos para rebatir las acusaciones. Granados sostuvo que la Fiscalía “fracasó” en su intento de construir una teoría del caso coherente y acusó al ente investigador de actuar con motivaciones políticas.
“La acusación carece de sustento probatorio real. Se ha basado en interpretaciones sesgadas, y estamos listos para demostrar la total inocencia del doctor Uribe. Nuestros testigos dejarán claro que no hubo ningún delito y que su conducta siempre fue legal y transparente”, afirmó el defensor.
Entre los testigos que presentará la defensa hay exfuncionarios, juristas, personas cercanas al expresidente y expertos que, según Granados, ayudarán a desmontar las “falsas narrativas” construidas en el proceso. También se prevé la presentación de pruebas técnicas y documentales que, en palabras de la defensa, evidenciarán inconsistencias en la actuación de la Fiscalía.
Este proceso ha captado la atención nacional desde su inicio, polarizando la opinión pública. Mientras algunos sectores ven en el juicio un avance en la lucha contra la impunidad, otros lo consideran un acto de persecución contra un líder político.
La decisión final sobre la apertura del juicio quedará en manos del juez del caso, quien deberá valorar si las pruebas aportadas por la Fiscalía son suficientes para iniciar formalmente el juicio contra el expresidente Uribe, el primero en la historia reciente de Colombia en enfrentar un proceso penal de esta magnit
