La solicitud presentada por el presidente Gustavo Petro, que buscaba la transmisión en vivo de la consulta popular en medios de comunicación nacionales, no fue aprobada por las autoridades competentes. El Gobierno había solicitado que la consulta, un proceso fundamental en el marco de las reformas propuestas por el presidente, fuera transmitida por los canales oficiales de comunicación para asegurar su cobertura amplia y su transparencia ante la ciudadanía.
Sin embargo, el ente encargado de evaluar las solicitudes determinó que no se cumplían con los requisitos técnicos y legales necesarios para la autorización de dicha transmisión. Esta negativa ha generado reacciones en diversos sectores, quienes cuestionan la falta de apoyo institucional para este tipo de iniciativas.
Desde el gobierno, se ha expresado que continuarán explorando otras vías para garantizar la participación ciudadana en el proceso, pero también han señalado que la decisión tomada por las autoridades no afectará la importancia y el alcance de la consulta. En contraposición, la oposición y algunos analistas políticos han señalado que este tipo de restricciones podría limitar la transparencia y el acceso a la información que es crucial para un ejercicio democrático de este calibre.
La consulta popular, que será convocada para que los ciudadanos expresen su opinión sobre diversas reformas propuestas por el gobierno, sigue siendo un tema central en el debate político del país.
