Ante la creciente crisis con el Congreso, el presidente Gustavo Petro ha decidido replantear su estrategia legislativa, priorizando el diálogo con las bases sociales antes que con los sectores técnicos y políticos tradicionales.
El mandatario ordenó al ministro Benedetti que los proyectos de ley que lleguen al Capitolio sean concertados primero con las “fuerzas sociales”, como sindicatos, organizaciones comunitarias y sectores progresistas, en un esfuerzo por fortalecer su conexión con el movimiento ciudadano que lo llevó al poder.
Esta decisión surge en un contexto de tensiones con el Congreso, donde varias de sus reformas han encontrado obstáculos y resistencia por parte de sectores de la oposición e incluso de aliados políticos. Con este cambio de enfoque, el Gobierno busca legitimar sus propuestas desde la ciudadanía y generar presión popular para su aprobación en el Legislativo.
La estrategia representa un giro en la dinámica de gobernabilidad de Petro, quien ha manifestado su desconfianza en la burocracia tradicional y en las negociaciones políticas convencionales. En contraste, su apuesta ahora se centra en consolidar el respaldo de los sectores sociales que han impulsado sus reformas en temas como salud, educación y trabajo.
A pesar del entusiasmo en sectores afines al Gobierno, esta nueva táctica también podría generar más fricciones con el Congreso y aumentar la polarización en el debate legislativo. Resta por ver si la presión social será suficiente para destrabar los proyectos o si, por el contrario, profundizará la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo.
