El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido con dureza a la reciente visita de un grupo de congresistas a Washington, donde denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supuestas presiones del Ejecutivo sobre otras instituciones y un ambiente de persecución contra la oposición.
Liderada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la delegación expresó su preocupación por lo que considera un “discurso de odio” promovido por el mandatario, especialmente tras el hundimiento de la reforma laboral. Los congresistas señalaron que la independencia de poderes está en riesgo y alertaron sobre la creciente hostilidad en el panorama político colombiano.
En respuesta, Petro arremetió contra Cepeda y los legisladores que participaron en la denuncia, sugiriendo que “más bien deberían autoincriminarse”. A través de su cuenta en X, el presidente insinuó que estos congresistas buscan desestabilizar su gobierno y desacreditar su proyecto de transformación social.
¿Crisis política o estrategia de presión?
El episodio ha intensificado la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde las reformas impulsadas por Petro han encontrado obstáculos en el Legislativo. Desde la oposición, acusan al presidente de atacar a quienes no comparten su visión, mientras que el oficialismo argumenta que se trata de una estrategia de la derecha para frenar los cambios propuestos.
El viaje a la CIDH ha generado un debate más amplio sobre la salud democrática del país. Mientras algunos sectores consideran legítimo que los congresistas busquen instancias internacionales para exponer sus preocupaciones, otros ven la acción como una jugada política que podría agravar la polarización.
En medio de esta confrontación, el país sigue enfrentando desafíos estructurales en materia económica y social. Con un Congreso fragmentado y una oposición cada vez más firme, el gobierno de Petro deberá encontrar formas de avanzar en su agenda sin profundizar el clima de incertidumbre que rodea su mandato.
