Aspecto de la audiencia del 13 de diciembre donde Mancuso se ratificó de sus señalamientos contra sus financiadores y auspiciadores.
Con la ratificación de las denuncias contra sus financiadores y auspiciadores, el pasado 13 de diciembre, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, abre la posibilidad de que el Estado persiga judicialmente a los terceros responsables del horror paramilitar en la Costa Caribe. Este hecho histórico se produjo ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.
De esa manera se ratificó en sus declaraciones del 26 de mayo de 2022 (¡hace dos años y y 7 meses!), en las cuales develó a sus financiadores y auspiciadores. En este sentido, la Fiscalía General no tiene justificación alguna para aplazar la extinción de dominio de las propiedades malhabidas de los terceros civiles responsables de los delitos de lesa humanidad.
En esa audiencia, presidida por el magistrado José Hansel de la Pava Marulanda, Mancuso acusó a Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías de ser financiadores y auspiciadores de sus actividades criminales. Además, confirmó que la finca Potosí, ubicada en el Cesar, fue un centro del horror paramilitar que ofende la condición humana.
Mancuso se ratificó
El postulado ―acostado en una cama de hospital donde se encuentra recluido a raíz de una neumonía que lo viene aquejando― le respondió afirmativamente al presidente de la audiencia que se ratifica de cada uno de los hechos endilgados a los terceros civiles responsables como Rafael Matera Lajud, y Alfonso Macías.
Tomando en cuenta las compulsas de copia de Justicia y Paz, el Fiscal Quinto Especializado de Barranquilla solicitó en el 2022 a la Dirección Especializada de Extinción de Dominio en Bogotá, investigar todo el patrimonio de la familia Macías y, en especial, de la firma Inversiones Macias Azuero & Compania S. En C., identificada con Nit No 8000798688. La empresa tiene sede en Barranquilla en la carrera 59 No 76-80.
Igualmente, la Procuraduría General de la Nación hizo varios exhortos para proceder con el proceso de extinción de dominio (dele clic) y los procesos penales contra empresarios.
Así Mancuso se ratificó
Aspecto de la audiencia donde Mancuso se ratificó en cada una de sus declaraciones ante Justicia y Paz.
Sin extinción de dominio
Mancuso se ratificó, pero ahora se debe extinguir sin dilación los bienes de esos auspiciadores. Sin embargo, los procesos penales y de extinción de dominio contra los terceros civiles responsables, se mantienen paralizados. Así se viene mostrando y demostrando en la serie Los Intocables de VoxPopuli Digital
Con motivo de la conmemoración de los 19 de años de la Ley 975 de 2005, más conocida como Justicia y Paz, se mostró la poca efectividad de esa iniciativa para conocer la verdad y reducir la impunidad. Con la justicia transicional se expidieron 86 condenas con 884 condenados bajo la Ley 975, y 13.215 bajo la Ley 1424.
Bajo esta modalidad, 10.158 desmovilizados están a la espera de sentencias. Existen 3.000 procesos terminados por causas diferentes. Según la Fiscalía, se judicializaron cerca de 27.987 hechos con 103.000 delitos, y se hizo 700 compulsas de copia para investigar a terceros financiadores de los paramilitares que terminaron en nada. Al respecto, el 23 de julio de este año, la fiscal anunció una estrategia para perseguir a los terceros civiles responsables de crímenes de lesa humanidad.
Esa estrategia está compuesta de tres elemento: (i) judicializar a los terceros financiadores de paramilitares con mayor poder económico (ii) implementar inteligencia artificial para perseguir bienes en paraísos fiscales de testaferros y (iii) priorizar la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Sin embargo, 5 meses después, se desconoce sus resultados.
Panorama desolador
Si, Mancuso se ratificó y se rebeló contra sus financiadores, pero el silencio cómplice del Estado perpetúa el daño moral y espiritual de sus víctimas. VoxPopuli Digital, al analizar e investigar el tema de la finca Potosí y «Los Intocables» presentó un panorama desolador de la violencia paramilitar en Colombia y las profundas secuelas que deja en la sociedad. Desde una perspectiva jurídica y, especialmente, desde la perspectiva de las víctimas, este caso revela una serie de desafíos que requieren atención urgente de parte del Estado y, en particular, de la Fiscalía.
La finca Potosí desde el Derecho Penal
- Crímenes de Lesa Humanidad: Los hechos narrados configuran una serie de crímenes de lesa humanidad, como homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Estos delitos se caracterizan por su sistematicidad y su perpetración como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
- Impunidad: El caso evidencia la persistencia de la impunidad en Colombia. Esta conducta permite que los responsables de los crímenes descritos permanezcan en libertad y sigan disfrutando de los bienes obtenidos ilícitamente.
- Extinción de Dominio: La medida de extinción de dominio es una herramienta fundamental para combatir la impunidad y recuperar los bienes obtenidos ilícitamente. Sin embargo, su aplicación en casos como este demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y persecución penal.
- Responsabilidad Penal de Empresarios y Políticos: La investigación señala la participación de empresarios y políticos en la financiación y apoyo logístico a los grupos paramilitares. Esta complicidad debe ser investigada y sancionada de manera ejemplar.
- corrupción al interior de las instituciones estatales.
- Garantizar la participación de las víctimas: Las víctimas deben ser reconocidas como sujetos de derechos y tener una participación activa en los procesos de justicia transicional.
- Promover la cultura de los derechos humanos: Es fundamental promover una cultura de los derechos humanos en la sociedad colombiana. La violencia y la impunidad no son toleradas.
- Fortalecer la cooperación internacional: La cooperación internacional es esencial para combatir el crimen organizado transnacional y recuperar los bienes obtenidos ilícitamente.
Conclusión
En conclusión, el caso de la finca Potosí y «Los Intocables» refleja la complejidad del conflicto armado colombiano y las profundas heridas que ha dejado en la sociedad. Es fundamental que el Estado colombiano continúe trabajando para garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral de las víctimas. Solo así construiremos la Gran Colombia, un país justo y equitativo.
El caso de la finca Potosí y «Los Intocables» refleja la ineficacia o ineptitud de la Fiscalía General de la Nación como organismo encargado de perseguir el crimen. Este hecho, generó impunidad en el conflicto armado colombiano, profundizando las heridas del conflicto armado en la sociedad.
Por esa misma razón, es fundamental que el Estado colombiano continúe trabajando para garantizar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas. Solo de esta manera se construirá un futuro más justo y equitativo, Pero (¡atención!), ello no es posible si la Fiscalía falta a su deber constitucional y legal. Porque, al día hoy, este organismo con su conducta omisiva, está enviando un mensaje errado a la sociedad: «Quienes financien y auspicien el crimen organizado serán intocables».
Señora fiscal, Luz Adriana Camargo Garzón, eso no puede seguir siendo así. Diez millones de víctimas imploran, ruegan y exigen justicia, reparación integral y garantía de no repetición. Nadie puede estar por encima de la Constitución y la Ley, por mucho poder o dinero que tenga. Confiamos en que la fiscalía dejará de estar en mora con las víctimas de las AUC y sancionará a sus financiadores, tal como usted públicamente lo reconoció el 23 de julio de este año.
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