El secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó un exhaustivo informe redactado por el Instituto CASLA para la Corte Penal Internacional (CPI) que prueba la complicidad del régimen cubano en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Junto a Almagro se alineó Tamara Sujo, directora ejecutiva del Instituto Casla y blanco móvil de Maduro y su aparato represivo.
“Los aportes de CASLA para nosotros son relevantes y es muy importante su sistematización. Hasta ahora han tenido cero margen de error en sus denuncias, ya que nunca han sido rebatidos ni remotamente por el régimen (de Venezuela) ni por sus abogados ante la Corte Penal Internacional. Acá lo importante es que haya memoria, verdad y justicia”, sostuvo Almagro durante la presentación de la denuncia contra Maduro y sus relaciones de poder con La Habana.
En primera fila se encontraban Daniel Raimondi, embajador de Argentina ante la OEA; su colega de Uruguay, Washington Abdala; Gustavo Cinosi, asesor principal de Almagro, y Héctor Schamis, asesor del secretario General de la OEA.
A su turno, Sujo resaltó el clima de opresión en Venezuela, describió las torturas que sufre la oposición política y reveló documentación clasificada que prueba las oscuras relaciones sobre defensa e inteligencia que urdieron Fidel Castro y Hugo Chavez.
«Hasta han torturado a un detenido en una ambulancia”, denunció Sujo.
El reporte tiene 79 fojas, cuatro capítulos y un título categórico. “Venezuela: La instauración de un régimen del Terror y Persecución Sistemática Generalizada con la Impunidad del Poder y la injerencia del régimen cubano”.
En su capítulo I, el informe propone un “un contexto general de la represión en Venezuela”, adonde denuncia que el régimen de Maduro “ha transitado por distintos momentos de agitación social y de intensa persecución y represión sistemática generalizada contra civiles y militares, con la suma de decenas de nuevos detenidos, incluyendo dirigentes políticos, sindicalistas, directores y miembros de ONG, influencer de las redes sociales, familiares de personas perseguidas”.
El dossier tambien aborda la decisión política del gobierno venezolano de acorralar a la oposición para evitar una derrota electoral en los comicios de julio. CASLA sostiene en las primeras fojas de su informe: se “emprendió la persecución contra María Corina Machado y el Partido Vente Venezuela, la candidata que gano las primarias realizadas el 23 de octubre del 2023, con el 92,5% de los votos”.
Tras explicitar el proceso de investigación en la Corte Penal Internacional -capítulos II y III-, se llega a las evidencias que prueban las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas entre el aparato represivo de Nicolás Maduro y los servicios de inteligencia de Miguel Díaz Canel.
El capítulo IV del dossier redactado por CASLA denuncia la participación de cuadros del régimen cubano en la preparación y ejecución de crímenes de lesa humanidad ordenados por el dictador Maduro y su gabinete. La denuncia tiene tres partes y la evidencia es abrumadora por sus contenidos y detalles.
“Parte I: En este capítulo se hizo un compendio sobre los antecedentes de la injerencia del régimen cubano en Venezuela y la penetración e imposición del modelo ideológico castro comunista en todas las Instituciones Públicas, Organismos de Seguridad e Inteligencia, y Fuerza Armada Nacional, mediante testimonios de testigos de primera línea, cubanos y venezolanos, que aportaron su experiencia y conocimiento sobre el régimen que impera en Venezuela desde hace 25 años”, sostiene el dossier del Instituto Casla.
“Cuando Chávez gana las elecciones y asume a principios del 1999, Chávez había sido un proyecto de Fidel Castro, quien ya tenía trabajo de Inteligencia en Venezuela. (…) Llega Chávez dispuesto a entregarle Venezuela a Fidel Castro en momentos en que Cuba estaba quebrada, sin la ayuda de la USSR (…) Si el subsidio soviético (a Cuba) fue de 6 mil millones al año, yo, por lo que pude conocer desde el año 2001, ya la chequera de PDVSA superaba los 10 mil millones. Aquello era petróleo y dinero. Chávez le dio más dinero a Fidel de lo que le dio la Unión Soviética por años, y eso fue lo que permitió que no pasaran muchas cosas en Cuba”.
En la parte 2 del capítulo IV, se agregan testimonios de militares y civiles que trabajaron, fueron formados o estuvieron en contacto con integrantes de la inteligencia cubana. En la foja del 34 del informe enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) se puede leer:
«Varios Grupos de Oficiales fuimos a realizar cursos en Cuba sobre pedagogía militar en la Escuela de Contrainteligencia Militar “Aridis Estévez Sánchez” ubicada en La Habana. En este curso con duración de un mes, recibimos formación en la ideologización del personal a través de diferentes técnicas por medio de la pedagogía, en “creación de pensum y materia”, en el uso de herramientas como la retórica, la psicología y la ideologización de personal y cada uno de los elementos que la conforman para captar y adoctrinar a cursantes y estudiantes, creando una fuerte ideología política afín a la revolución bolivariana”. Primero, convenciéndolos de ciertos hechos favorables al régimen, donde se le creaba un enemigo común al gobierno actual, con el fin de hacerlos pensar que la revolución bolivariana tiene la razón, y que hay que luchar contra ese enemigo común”.
Por último, en la Parte III del capítulo IV, se incluyen testimonios de víctimas de detenciones ilegales, y casos de desaparición forzada, torturas y violencia sexual ejecutados por funcionarios cubanos y venezolanos.
En el capítulo V del informe que presentó Almagro, CASLA denuncia la existencia de una Unidad del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) “que funciona de manera semi-clandestina desde el año 2015″ y que actualmente se denomina “Coordinación de Protección del Orden Democrático (CPOD)”.
Y suma una “Guía de instrucción Básica en el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial para aspirantes a Detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN”. Esa guía -completa el informe- es utilizada como manual de enseñanza de las técnicas a utilizar para controlar a las personas que detienen, que muestra claramente métodos de torturas que los alumnos aprenden de la manera más natural por su formación policial”.
En el capítulo VI -último del informe- se incluyen nuevos casos de torturas físicas, violencia de genero y detenciones arbitrarias. CASLA revela que durante la preparación del dossier hubo “al menos 16 nuevas incidencias enviadas a la Corte Penal Internacional, cuyo contenido en las denuncias de las víctimas afectadas podrían abarcar al menos a 35 personas, ya que por lo menos dos víctimas fueron torturados con otros compañeros y encerrados en la misma celda mientras esperaban su turno para ser torturados”.
Uno de esos testimonios -bajo condición de anonimato- describe su propia tragedia personal:
“Los primeros meses de detención, al menos una vez por semana, fui torturado con descargas eléctricas, golpes en varias partes del cuerpo, envuelto en colchonetas y golpeado con bates, también me sumergieron los pies en poncheras (baldes) con agua y me ponían descargas eléctricas en el pecho, en las piernas, en el cuello, siempre dos veces por semana. Un comisario me arrancó un diente con un alicate”.
