La pesadilla inicia en mayo del 2017, cuando los medios de comunicación nacionales, amanecieron con un titular; «Siete asegurados por tráfico de estupefacientes con sellos del Clan Úsuga» lo que para la fiscalía de Medellín y los investigadores de la Dijin era un motivo para celebrar un duro golpe a una estructura criminal dedicada, según los informes de prensas, al trafico de estupefaciente, en realidad se podría tratar de un falso positivo más de las que ya hemos escuchado en estos últimos meses, por parte de fiscales aparentemente corruptos.
Algo no cuadra?
El espacio noticias logró obtener el expediente completo de los verdaderos autores de la historia que dió origen a una serie de inconsistencia narrados por el informe de policía judicial y que luego fue avalado por la fiscalía en su momento para hacer ver como si se tratase de una investigación perfecta y un positivo de grandes ligas.
Pero lamentablemente por mostrar resultados se han llevado por delante a un líder empresarial y político del Departamento del Chocó, quién al parecer sería victima de persecuciones por parte de ese ente acusador.
El fiscal 61 de “Bacrim” con sede en la ciudad de Medellín César Sarmiento, en el desarrollo de su tarea judicial ha seguido la senda de muchos de sus homólogos, o ellos la de él; Esto es que en el afán de cumplir las exigentes metas (estadísticas) impuestas por su entidad, deciden sacrificar justos por pecadores.
Se trataría de un fantasma que desfila por diversos proceso judiciales y el presente no es la excepcion, quien lanza acusaciones a diestra y siniestra en contra del desafortunado de turno, pero la gravedad radica precisamente es que de él sólo se conocen sus actos, sus acusaciones, pues su identidad es todo un misterio que se difumina a la hora de confrontarlo. ¿Acaso nos encontramos en la resurreccion de la justicia sin rostro?,
Que mortal se puede defender de un fantasma?.
Quien es esta misteriosa persona? Es hombre, es mujer, es un mito, o una elaborada falacia que carcome los cimientos de la ya desacreditada justicia criolla.
Me remontaré al año 2015, en el que un 21 de diciembre en una población de Panamá, fue interceptada por las autoridades de ese país una lancha rustica, en la que fue hallada droga, que, según los medios noticiosos de ese país, se trataba de 110 kilogramos de cocaina.
Este hecho ya venía siendo monitoreado por la Dijìn, quién trabajaba el caso a órdenes del fiscal 61, quienes armado de un copioso procedimiento de interceptación logró identificar e individualizar alrededor de más de media decena de ciudadanos colombianos como posibles autores del delito de narcotráfico.
Con el paso del tiempo, relativamente corto, logró la condena de todos a través de procesos abreviados; solo restaban dos, Yair Valencia y Carlos Epi Alvarez, el uno era el Gerente de la hidroeléctrica de Bahía Solano y el otro político y empresario del departamento del Chocó.
Yair Valencia, a través de su abogado, realiza un preacuerdo con la fiscalía, en el que acepta los delitos de concierto para delinquir en concurso con narcotráfico, quedando condenado a 77 meses de prisión; hasta aquí todo parecería normal, si no fuera porque conforme a la normativa legal no podía ser inferior a 12 años.
Volviendo al caso de Panamá, que fue el que tomaron tanto fiscalía colombiana como los investigadores, para armar un andamiaje sin precedentes involucrando a connacionales que por ningún lugar del expediente que reposa en el vecino pais, se mencionó a los colombianos que hoy un Juez del Chocó decidirá la suerte de este polémico caso.
La noticia de la captura e incautación de la droga en aguas Panameñas, fue titular de prensa en el momento que ocurrieron los hechos, pero curiosamente esta suscrita la volvió a buscar y al parecer dicho informe periodístico fue bajada de la plataforma de periódico El Mundo.
Pero aquí no termina el supuesto macabro plan juridico, según expertos en derecho explican a este medio que; en este tipo de delitos no hay cabida a medidas domiciliarias o similares por estricto mandato legal, sin embargo ha transcurrido más de un año y el ciudadano Valencia, ya condenado disfruta de su libertad y lo que es más grave, se dice que sigue dirigiendo la hidroeléctrica de Bahía Solano.
Pero hay más, el proceso por la incautación de la droga en Panamá culminó hace ya varios años, en el que fueron condenados dos panameños y paradójicamente, sería el mismo al que la fiscalía Colombiana involucra a las 7 personas incluida el señor Alvarez.
Aún con todo el empresario Carlos Epi Alvarez, único procesado sin condenar y que se encuentra a puertas del juicio, hoy tiene la carga de demostrar su inocencia respecto de unos hechos que según el expediente judicial Panameño jamás ocurrieron en Colombia.
Este medio inicio la investigación del tema y en el próximo informe estaremos publicando quienes orquestaron este posible caso de falso positivo que involucra a la fiscalía y la reacción de algunas autoridades panameñas.
