Defensoría del Pueblo reitera el llamado urgente a retomar los diálogos para buscar una salida concertada al paro minero en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba y que cesen los actos violentos.
Rechaza vehementemente los bloqueos, atentados a la misión médica y contra la infraestructura pública, y los hechos de violencia que dejaron un persona fallecida y siete personas heridas el fin de semana en los municipios de Cáceres y Tarazá, en Antioquia.
Bogotá, 14 de marzo de 2023 (@DefensoriaCol). El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su llamado a las autoridades, tanto del Gobierno Nacional como a las alcaldías y gobernaciones, para tomar medidas que permitan anticipar la ocurrencia de situaciones violentas y no permitir que el escenario de la protesta social pacífica se extienda de tal manera que pueda generar la oportunidad para que personas al margen de las mismas causen desmanes, alteraciones del orden público y todo tipo de hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos.
“En la última semana hemos asistido a varios escenarios complejos, como el paro minero que se desarrolla en la región del Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba y Nordeste Antioqueño, que deja un lamentable saldo de una persona fallecida, 7 personas heridas, entre ellas dos menores de edad, 2 ambulancias incineradas y la quema de un peaje, entre otros hechos”, advirtió Carlos Camargo Assis.
En este escenario, el Defensor del Pueblo insta al Gobierno Nacional y a los voceros del Comité Pro Paro Minero a retomar los diálogos a la mayor brevedad posible, para evitar que se generen nuevos incidentes violentos o ataques contra la población civil, bloqueos y parálisis en el suministro de bienes y servicios, como los ocurridos en el último fin de semana en esta región, en donde se atentó contra la población civil, la misión médica y la infraestructura pública.
La Defensoría del Pueblo reitera también el llamado a quienes adelantan protestas y movilizaciones sociales, para que respeten a la misión médica y a sus miembros, para que no obstaculicen sus labores y permitan el tránsito libre de las ambulancias y vehículos que acompañan a estas, ya que de ello depende el estricto cumplimiento del derecho a la salud y la vida de la población civil.
Ante el incremento de las dinámicas de conflictividad social en el último semestre del año pasado y en los primeros meses de 2023, se debe priorizar el diálogo social como respuesta adecuada a las demandas sociales, evitar postergar los espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades en diferentes regiones del país.
Finalmente, el Defensor del Pueblo rechaza los cierres de vías, los hechos de violencia y las vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se están registrando en la región del Bajo Cauca y Sur de Córdoba por parte de personas ajenas al Paro Minero.
“Exhortamos nuevamente al Gobierno Nacional a evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, así como la atención temprana a los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades, construir rutas de trabajo y dar una pronta respuesta institucional, lo que permitirá disminuir los niveles de violencia y prevenir nuevos actos de alteración del orden público”, agregó Carlos Camargo Assis.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo le exige a los grupos armados ilegales a respetar la vida, la libertad e integridad de la población civil, en especial de los niños niñas y adolescentes, y a acatar los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Lamentable balance
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, a través de la Regionales Bajo Cauca y Sur de Córdoba, da cuenta de que a pesar del decreto de toque de queda en los municipios en los que se adelanta el paro minero, seis personas fueron heridas por arma de fuego en el municipio de Cáceres, Antioquia, entre ellas dos menores de edad. También se reportó un herido por arma de fuego en el municipio de Tarazá, Antioquia, quien posteriormente falleció.
A estos hechos se suman los atentados contra la misión médica, entre ellos, la quema de una ambulancia en zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia, que transportaba a una mujer gestante y de otra que se hallaba fuera de servicio en un parqueadero, la quema de dos camiones transportadores de alimentos en el mismo municipio, y los ataques a la infraestructura pública, entre ellos, la quema de una estación de peaje, así como los daños en edificios de la administración municipal de Caucasia y Tarazá, Antioquia.
En el caso del Sur de Córdoba, se ha presentado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y elementos de primera necesidad en los municipios de Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré. También escasea el gas natural y está a punto de suspenderse el servicio de agua potable por la falta de insumos para el tratamiento.
Se registran dificultades en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para provisión de los alimentos a los menores de edad y dificultades en el cumplimiento del calendario escolar en algunas instituciones educativas. Y los campesinos manifiestan dificultades para desarrollar sus labores y sacar sus productos para comercializarlos.
En el caso de las empresas minero-energéticas, se registran alteraciones en los turnos de los trabajadores, imposibilidad de llevar los insumos para los procesos que realizan y bloqueos al tránsito de los camiones con los minerales que extraen del territorio. Algunas empresas contratistas manifestaron el deseo de suspender aproximadamente 170 contratos de los trabajadores, por las pérdidas generadas.
