Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esa región del país y el paro armado del ELN sigue generando el confinamiento y la restricción a la movilidad de las comunidades.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por la difícil situación humanitaria que afrontan las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí (Chocó), debido a los enfrentamientos que los grupos armados ilegales mantienen en la zona, situación que se ha agravado a causa del paro armado que el ELN declaró el pasado 25 de febrero en la subregión del San Juan, epicentro de recientes eventos de confinamiento y desplazamiento masivos.
A pesar de que esta subregión fue visitada y priorizada por el Gobierno Nacional y el ELN para recibir alivios humanitarios, estos aún no se evidencian en los territorios, y por el contrario “persiste una fase de escalamiento del conflicto en la zona, en donde nuestro Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha venido identificando y advirtiendo, en los últimos dos años, un incremento de vulneraciones a los derechos humanos por cuenta de la disputa entre los grupos armados ilegales por el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, aseguró Carlos Camargo Assis.
De acuerdo con la última información recogida por la Regional Chocó y el SAT, dicho paro armado, el quinto registrado en el último año, estaría afectando a un total de 405 familias, 1.357 personas pertenecientes a las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (ubicadas en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí)
Adicionalmente, los consejos comunitarios de la zona reportaron temor por el incremento en la instalación de trampas explosivas y combates entre grupos ilegales, así como extorsiones a campesinos por el transporte de sus alimentos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).
“Por lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo solicitamos medidas urgentes y concretas de desescalamiento del conflicto, al tiempo que exhortamos al Estado a generar las condiciones necesarias que permitan proteger y atender a las comunidades, así como acciones enfocadas a la disuasión de los riesgos advertidos. Nosotros continuaremos acompañando a las comunidades para buscar la garantía de sus derechos”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
